Juicio internacional

El Consejo de Seguridad de la ONU ha decidido, con la abstención de Rusia y China, constituir un tribunal especial internacional que juzgue a los presuntos responsables del asesinato del ex primer ministro libanés Rafik Hariri, en febrero de 2005. Es el primer tribunal de este género en Oriente Próximo. La decisión, propiciada sobre todo por Estados Unidos y Francia, es coherente ante la resistencia política interna y el vacío judicial existentes en Líbano, aunque comporta el grave peligro de provocar una mayor desestabilización y el incremento de la violencia de las facciones islamistas prosirias. El Gobierno de Damasco, a cuyos servicios secretos culpó la investigación de la ONU realizada hace dos años, ya ha afirmado que no piensa reconocer el tribunal ni colaborar en el proceso.

La Resolución 1757, basada en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, que contempla en último extremo la eventualidad de recurrir a la fuerza en caso de incumplimiento, ha despertado no sólo la fuerte protesta siria, sino también las reservas de rusos y chinos y de otros cinco países miembros del Consejo de Seguridad, por considerarla como una injerencia en la soberanía de Líbano. Esta posición resulta relativamente débil, habida cuenta del actual limbo político y jurídico que vive el país de los cedros.

La división política y la parálisis sobre el magnicidio son absolutas desde que se conocieron en octubre de 2005 las conclusiones de la investigación de la ONU realizada por el fiscal alemán Detlev Mehlis. El suceso precipitó la retirada militar de Siria tras décadas de ocupación del país vecino, aunque significativamente Damasco sigue sin creer necesario abrir Embajada en Beirut, por considerarlo su patio trasero. Mehlis sostuvo que el asesinato no pudo producirse sin la complicidad directa de los más altos cargos de la seguridad siria y máximos responsables libaneses ligados al presidente Emile Lahoud. Éste, a diferencia del primer ministro, Fuad Siniora, se negó a reconocer las conclusiones del informe, al igual que el presidente del Parlamento, el líder chií Nabih Berri.

Desde entonces no ha habido ningún gesto de las autoridades libanesas para colaborar en la persecución y enjuiciamiento de los culpables de la muerte de Hariri, sino todo lo contrario: los actuales sucesos en Líbano parecen responder a acciones de los servicios secretos sirios. No resultará nada fácil el enjuiciamiento de los autores del crimen, pero hoy por hoy el esclarecimiento sólo puede venir a través de la labor de un tribunal internacional independiente.