Justicia a revisión
François Guizot era un reconocido liberal que destacó en muchas facetas de la investigación histórica y política a lo largo del siglo XIX. No era nada sospechoso de radicalismo, pero una vez dijo que "entre la política y la justicia cualquier entendimiento tiende a la corrupción, y todo acuerdo es pestilente. Buscando el acuerdo la política se acusa y prestándose a ello, la justicia se pierde". Otro gran pensador francés, el primer gran teórico europeo de la democracia, Charles Louis de Secondat, Montesquieu, dejó una huella indeleble cuando calificó a la Justicia como el tercer poder de la democracia, aunque después intentó matizar su posición al respecto. Ambas cosas nos interesan ahora de forma acuciante.
Necesitamos jueces independientes, bajo control profesional y nombrados por sus méritos
En España, de manera súbita aunque predecible, la Justicia ha reventado. Si a alguien le parece exagerado el diagnóstico, se puede decir de otra manera: está puesta en cuestión de arriba abajo.
No hay que esforzarse mucho para encontrar la casuística suficiente para probarlo: las acciones del Tribunal Supremo contra el juez Garzón; las reacciones de organizaciones sociales contra el Tribunal Supremo; la disparatada reacción del tribunal llamando a la prensa extranjera para justificar decisiones; las escandalosas prácticas de algún miembro del Tribunal Superior de Justicia de Valencia al no inhibirse en una causa contra su íntimo amigo Francisco Camps; las broncas diarias del Tribunal Constitucional para elaborar un documento de consenso sobre el Estatut de Cataluña; la reclamación de 1.500 jueces para que se despolitice la Justicia. Y es que la mayoría de los jueces no están asociados. Es un largo listado de hechos que nos colocan ante el abismo.
¿Podemos fiarnos de la Justicia? Lo cierto es que si se leen los periódicos, la respuesta es la misma que si se consulta a personas que no tienen un conocimiento profundo del asunto: no siempre.
La Justicia española está en cuestión, ha perdido una gran parte del respeto de la ciudadanía. Ya no se puede diferenciar con facilidad qué decisiones de muchos tribunales o instancias diversas están bien armadas o sencillamente favorecen intereses políticos o corporativos no siempre identificables. Se habla abiertamente de que un juez odia a otro juez y por eso le acusa de prevariación. Varela contra Garzón, Margarita Robles contra Garzón... O el juez Antonio Pedreira lidiando con sus compañeros del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre la validez de algunas pruebas en el asunto de la trama Gürtel. La actitud de su presidente, con la entusiasta participación corporativa del Colegio de Abogados, no ha hecho sino abrir la posibilidad de que se dilate eternamente en el tiempo este importante asunto.
Es directamente escandaloso que en cualquier asunto judicial, sobre todo si afecta a las instancias más altas, aparezca casi siempre el componente político, la asociación judicial a la que pertenece cada juez o magistrado encargado de un caso. Lo que acaba significando para el ciudadano que la determinada composición de fuerzas que se produzca en una sala va a condicionar la decisión.
Esto nos lleva a dos consideraciones. La primera, la de la forma en que se decide qué jueces y por qué ocupan los distintos puestos de la Administración de Justicia. La segunda es más teórica, pero tiene repercusiones prácticas y organizativas de envergadura. Y es la de si la Justicia debe o no ser un poder. El razonamiento para estar en contra es muy sencillo: si se considera que es eso, que pasen por las urnas.
Más bien, de lo que se trataría es de que los jueces fueran independientes, sometidos a controles profesionales y, previamente, nombrados a partir de un sistema transparente que atienda a la capacidad y el mérito. Con un posible añadido: el del escalafón.
¿Cómo se nombra a los jueces para las instancias altas? Pues ya lo sabemos todos: a través de un sistema de reparto entre los partidos políticos. Creemos que este sistema ha llegado a su límite. Casi nadie llega a un puesto para rebelarse después, reclamando su independencia, contra el que le ha conseguido ese puesto.
La aparentemente imposible renovación del Tribunal Constitucional viene de ese vicio, de que el PP y el PSOE no se han puesto de acuerdo. Y no lo han hecho para no perder la votación sobre el carácter constitucional o no del Estatut. Si el embrollo es de esa naturaleza, entonces tenemos que convenir que tienen razón los que afirman que es válido porque así lo ha votado una mayoría de ciudadanos de Cataluña. Porque sería más legítima la decisión del voto (aunque no encajara en la Constitución) popular que la tomada por delegados de partidos.
Para un ciudadano con mínima conciencia esto es insoportable. Para el cuerpo de magistrados y jueces, debería ser una cuestión de dignidad, de decencia.
¿Urge o no la renovación del sistema? No está en riesgo el poder judicial, que es mayor que nunca. Está en riesgo la independencia de la Justicia, que es lo serio. Jueces inamovibles, independientes, y sometidos sólo al imperio de la ley, como dice la Constitución.
Agapito Ramos es abogado y Jorge M. Reverte es periodista y escritor.
