Ley y venganza

La condena por torturas contra dos etarras por parte de cuatro guardias civiles es un triunfo del Estado de derecho, que refuerza su legitimidad en la lucha antiterrorista. Coincidiendo con el cuarto aniversario de la voladura de parte de la T-4, la Audiencia de Guipúzcoa ha concluido que los dos autores de aquel acto criminal (murieron dos personas), Igor Portu y Martín Sarasola, fueron maltratados por mera venganza tras ser detenidos (un mes antes, un comando había asesinado a dos guardias en Cap Breton).

El grave atentado de la T-4, además de segar la vida de dos humildes inmigrantes ecuatorianos, fue un golpe amargo e inesperado que acabó con el proceso de paz abierto entre el Gobierno y la organización terrorista. Al poco tiempo, la engrasada maquinaria antiterrorista del Estado lograba detener a los autores y ponerlos en manos de la justicia. Sin embargo, como entonces se sospechó y ahora se ha demostrado, hubo una manifiesta e intolerable ilegalidad en el proceso. Cuatro guardias aprovecharon las horas que mediaron entre la detención y su entrega oficial para dar un escarmiento a los terroristas. La hospitalización de Portu con graves lesiones y el testimonio de un testigo pusieron de manifiesto que en esta ocasión las denuncias de ambos etarras respondían a hechos reales que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, no debió despreciar cuando alegó que las heridas de los detenidos se correspondían con las maniobras lógicas de "sujeción y retención" contra unos delincuentes que se resistían a la detención.

Las torturas contra Portu y Sarasola motivaron un duro enfrentamiento entre las fuerzas políticas vascas y el Gobierno de Madrid y alimentaron el victimismo del que se nutren los ambientes más radicales del independentismo vasco. La investigación judicial de los hechos y la condena de los guardias civiles implicados confirma el garantismo del sistema judicial español y refuerza la credibilidad del Estado de derecho. Esta sentencia apuntala la superioridad de la democracia y la fuerza de la ley frente al régimen de terror que imponen las bombas y la extorsión. Demuestra que la ley se aplica con rigor aun en beneficio de unos terroristas y neutraliza la estrategia de los etarras de denunciar siempre torturas tras su detención. El veredicto pone de manifiesto que las torturas son una excepción absoluta y que los etarras mienten.