Listas para burlar
¿Tiene interés Batasuna en participar en las elecciones del 27 de mayo? Seguramente sí, pero sólo si consigue hacerlo burlando la ley. Para Batasuna, más importante que el fin es cómo alcanzarlo: no sometiéndose a las normas comunes; imponiendo su legalidad por vía de hecho, incluso mediante la amenaza. Esa característica heredada de ETA explica el embrollo que han montado, cuando tenían la posibilidad de participar legalmente con una condición tan sencilla (y tan lógica) como expresar un rechazo claro al terrorismo.
Batasuna fue ilegalizada en 2003 por razones democráticas: no podía participar en las elecciones y recibir subvenciones públicas un partido que formaba parte de un entramado que se consideraba con derecho a asesinar (o hacer la vida imposible) a los candidatos y representantes de los demás partidos. Desde entonces ha desperdiciado todas las oportunidades de desmarcarse de ese entramado. La última, en relación con la entrevista de los encapuchados del pasado día 8: ETA condicionaba implícitamente el mantenimiento de lo que consideraba el alto el fuego vigente a que no se impidiera la participación electoral de la izquierda abertzale. Habría sido lógico que Otegi saliera por televisión diciendo que Batasuna se creía con derecho a participar en las elecciones, pero que no aceptaba que ello fuera condición para no matar.
Al no hacerlo, Batasuna transmite el mensaje de que admite que la amenaza de la banda es un argumento válido para la defensa de lo que considera su derecho. Mientras ésa sea la situación, es lógico que las instituciones intenten mantenerla fuera de la legalidad. La decisión corresponde a los tribunales, pero la iniciativa de la impugnación, al Gobierno y a la Fiscalía General. Así lo hicieron en el caso del partido ASB, con nombre nuevo pero los mismos promotores. También es lógico que recurran las agrupaciones electorales locales presentadas con el mismo fin de esquivar la prohibición. Para que la impugnación prospere bastaría, de acuerdo con la Ley Electoral, con demostrar que existe una intención de dar continuidad al partido ilegalizado; lo cual no parece difícil.
El problema se plantea con las listas de ANV, un partido legal desde 1977 y en cuyos estatutos se rechaza la violencia. Siendo legal, para ilegalizarlo no bastaría con demostrar que intenta dar continuidad a Batasuna, sino que está vinculado a ETA: esto no es fácil. Pero no es el mismo caso de EHAK, el partido para el que pidió el voto Batasuna en 2005. ANV formó parte de Herri Batasuna cuando funcionó como coalición, por lo que tal vez podría considerarse que la prohibición del todo le afecta como parte. Pero tampoco está suficientemente claro, puesto que luego se desvinculó de Batasuna.
Es un caso dudoso, para cuya resolución no podrá dejar de considerarse la inverosimilitud de que un partido que hasta ahora contaba con unos pocos simpatizantes pueda llenar cientos de candidaturas si no es con la participación directa de Batasuna; cosa que por otra parte se refleja en la presencia en todas ellas de algún miembro de ese partido. De momento, lo único seguro es que el Gobierno debe intentar por todos los medios legales a su alcance evitar la presencia electoral fraudulenta de Batasuna.
