Listas electorales con imputados

Imaginemos que un ciudadano va a solicitar una plaza de trabajo en una empresa privada. Si en su currículo figura que dicho ciudadano está imputado en un procedimiento judicial por un delito cometido durante su actividad profesional anterior, parece razonable que el aspirante al puesto quede automáticamente eliminado.

¿Cómo puede entenderse entonces, que una persona que esté imputada tenga acceso al privilegio de ser elegida para un cargo público? La máxima de que una persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario es intocable para el común de los ciudadanos, pero quizás no tanto para los candidatos a cargos públicos, donde cualquier sospecha razonable de participación en un delito, en la medida que sea, debería ser suficiente para su invalidación como candidato. Puede ser que un imputado sea finalmente absuelto del delito en que se le implica, pero un cargo público no solo debe ser honrado, sino parecerlo. No hay que olvidar que la imputación en un procedimiento judicial la dicta un juez que cuenta con los argumentos o sospechas suficientes para hacerlo.

Y, además, en la mayoría de los sumarios la imputación de los candidatos españoles está relacionada con sospechas de enriquecimiento indebido durante el ejercicio de su mandato. Es de locos. Si la Ley Electoral permite esta barbaridad, y si los propios partidos políticos no lo prohíben dentro de sus normas internas, solo queda que los ciudadanos tengamos sentido común. Pero me temo que va a ser que no.