Luchemos contra el fraude fiscal
Los técnicos de gestión de Hacienda, que algo deben saber sobre este asunto, calculan que el montante total del fraude fiscal en España asciende a 88.000 millones de euros anuales, un 72% del cual correspondería a las grandes empresas y fortunas del país. Para poner en su justo valor esta cifra, podríamos decir que supone, aproximadamente, un 7% del PIB, más o menos la previsión del Gobierno de déficit público para este año, lo cual nos situaría entre los pocos países de Europa (y del mundo mundial) que lograría el tan deseado equilibrio presupuestario.
Mientras tanto, los candidatos a la presidencia del Gobierno nos van desgranando sus recetas fiscales para hacer frente a la crisis económica: uno nos anuncia subidas de los impuestos al alcohol y al tabaco; otro, rebajas en cotizaciones sociales y "ajustes" y "austeridad" en el gasto, y otro, más subida en los tramos altos del IRPF. Y yo me pregunto: ¿por qué será que ninguno de los partidos que concurre a las próximas elecciones generales incluye en su programa la lucha eficaz y decidida del fraude fiscal, una lacra que no solo supone una merma considerable en los ingresos públicos, sino que, en sus supuestos más graves, es considerado por las leyes como delito penal?
