Maragall se quedó corto

Un auto judicial ha venido a ilustrar que el ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Pasqual Maragall, escribió recto con renglones torcidos. Las comisiones de las constructoras a empresas públicas bajo el Gobierno de CiU, según se desprende del auto, existieron.

Y no fueron del 3%, como dijera Maragall en 2005 en el Parlamento catalán, sino que en algún caso -estima el magistrado- llegaron a ser del 20%. El monto de las cifras desveladas hasta el momento no es relevante: 60.000 euros. Pero la gravedad reside en que el perjudicado por ese entramado sea el eslabón más débil de la cadena social: los ciudadanos que precisan acceder a un piso protegido. Y sobre todo ello cae la sombra de la financiación ilegal de los partidos.

Los Gobiernos de CiU no se caracterizaron precisamente por la construcción de vivienda social, que fue uno de los agujeros más flagrantes del pujolismo. De ahí el sarcasmo de esas supuestas comisiones. De ese entramado, el juez responsabiliza a ocho personas, entre las que se encuentran los principales responsables de Adigsa (la empresa que se encarga de las rehabilitaciones), de utilizar el dedo en lugar del concurso para la realización de las obras de reforma de los pisos en mal estado entre 2002 y 2004. Al igual que en el caso de la dimisión del secretario general de los socialistas valencianos, Joan Ignasi Pla, por las obras efectuadas en su casa, las formaciones respectivas han optado por matar al mensajero. Se trata de una costumbre extendida entre los partidos cuando salen a la palestra por cuestiones económicas. Desde CiU también han argüido razones procesales: alegan que un auto judicial posterior de la Audiencia de Barcelona da luz verde a otro peritaje sobre los pisos que compró Adigsa. Eso no altera la esencia del auto del juez instructor, en el que se afirma que un constructor pagó 60.000 euros en comisiones.

La investigación respecto al llamado caso del 3% es atribuible en buena medida a la tenacidad de José María Mena, fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el momento en que se produjeron los hechos. La tramitación del Estatuto catalán -para cuya aprobación era imprescindible el concurso de CiU- actuó como un freno a la hora de que el tripartito catalán aportase documentos a la fiscalía. El temor a que CiU cumpliese su amenaza de romper el consenso estatutario sólo fue vencido por los nuevos directivos de Adigsa -que quedó en manos de Iniciativa-Verds-, por lo que toda la investigación se vio constreñida a ese marco.

Quizá algún día el tripartito catalán deberá explicar por qué la auditoría de gestión realizada sobre los últimos gobiernos de Pujol -presentada en 2004- no entró a analizar la licitación de obra pública. Es de lo más lógico que cuando los partidos tienen tentaciones corporativistas los ciudadanos se sientan poco motivados para acudir a las urnas.