Mayores y menores de edad

El consumo de música en directo crea adicción pero no es ilegal. Aunque los menores de 16 o 18 años -según la normativa de cada comunidad- no pueden entrar en un concierto si se celebra en una discoteca o en una sala de fiestas.

Sí pueden hacerlo en estadios o en festivales, donde, en la mayor parte de los casos,

los menores de 15 deben ir acompañados de un adulto. La ley señala que hay que proteger a los niños impidiendo su acceso

a "cualesquiera lugares o establecimientos públicos en los que pueda padecer su salud y su moralidad".

Lo nocivo, obviamente, es el tabaco y el alcohol que es posible adquirir allí, pero la legislación española ya prohíbe su venta

a los menores de 18. Así que aunque disfrutasen del directo subidos

sobre un barril de cerveza no podrían comprarla.

Luego, una vez protegidos contra esta amenaza, ¿de qué más hay que protegerlos en un concierto?

De la música en sí no parece que pueda ser. Prohibir el acceso a un espectáculo entero porque está vedado el acceso a una parte colateral del mismo es una decisión fácil, pero discutible. Como no pueden beber alcohol tampoco pueden oír música en directo,

al menos en salas pequeñas.

Y es que para las administraciones parece más fácil hacer cumplir esa prohibición general que velar por que no se venda alcohol y tabaco a los menores. ¿No sería más lógico y saludable asegurarse de que la ley se aplica, y permitir

que los adolescentes puedan crecer viendo conciertos en cualquier local como hicieron

las generaciones anteriores?

Para muchos grupos y, en general, para una industria musical en crisis, no es precisamente positivo limitar el acceso a las actuaciones a unos adolescentes que al fin y al cabo constituyen el futuro del sector. Así que, como respuesta, empiezan a surgir festivales especialmente pensados para este público, menores

de 18 años, en los que no se vende alcohol ni tabaco. Más que eficaz es una solución tranquilizadora para los padres de hijos menores de edad. Una fórmula de emergencia ante la aparente incapacidad de organizadores y autoridades para comportarse como mayores de edad y hacer cumplir la ley.