Mejorar la Constitución

A los 30 años de la aprobación en referéndum de la Constitución de 1978, ¿es el momento de introducir las reformas de las que se viene hablando? Durante bastantes años la posición favorable a la reforma (inicialmente defendida por Alianza Popular) fue minoritaria entre los políticos, especialmente los socialistas, y también entre los expertos constitucionalistas. La razón era que, una vez abierto el proceso de reforma, cada partido propondría cambiar cosas diferentes, o las mismas en sentido diferente, y ello pondría en riesgo el consenso alcanzado en su momento en torno al texto vigente.

Hacia mediados de los noventa, sin embargo, Aznar, nuevo líder del partido fundado por Fraga, era partidario de la reforma, y precisamente en el sentido de convertir al Senado en una verdadera cámara de representación territorial, en términos similares a los que plantearía el PSOE de Zapatero en 2004. Pero, para entonces, Aznar había cambiado y era contrario a cualquier modificación. Más tarde, su sucesor, Rajoy, fue partidario de una reforma que recuperase para el Estado competencias transferidas a las comunidades. Los expertos están hoy mayoritariamente a favor de la reforma, entre otros motivos, por la importancia de renovar generacionalmente la legitimación de la norma fundamental. Pero no acaban de estarlo respecto a los contenidos de la reforma.

Quiere decirse que ha habido posturas cambiantes, que las reformas sugeridas han tenido que ver casi siempre con el problema autonómico y que, salvo un ligerísimo cambio sobre el derecho a voto de los ciudadanos de la UE en las elecciones municipales, no se han introducido modificaciones ni siquiera cuando existía un amplio consenso a favor, como es el caso de la eliminación de la preferencia por el varón en la sucesión a la Corona. Esto se debe a que esta reforma, como, entre otras, las relativas a cuestiones como la lengua, la mención a "nacionalidades y regiones" o la relativa a la función de las Fuerzas Armadas, requiere aplicar un procedimiento reforzado (artículo 168) tan exigente (mayoría de dos tercios en ambas Cámaras, elecciones anticipadas, nueva mayoría cualificada, referéndum) que resulta abiertamente disuasorio.

Esto ha llevado a plantear que la principal reforma a abordar sería la eliminación de ese artículo 168, manteniendo el 167, menos exigente. Pues ya no es lógico mantener un corsé tan rígido. El consenso es conveniente, pero no debe convertirse en un derecho de veto de cualquiera de los dos grandes partidos a reformas razonables. Sin embargo, sería un fraude de ley utilizar la vía del 167 para eliminar o modificar el 168, por lo que lo lógico sería aprovechar la primera reforma que requiriera el procedimiento reforzado para cambiar también ese artículo.

¿Qué otras reformas? La que suscita mayor acuerdo (aparte la de la sucesión a la Corona) es la del Senado. Se trata de dar cauce al otro aspecto del autonomismo (además de la descentralización): la participación de las autonomías en la conformación de la voluntad del Estado. En múltiples problemas (desde la representación en la UE hasta la gestión de las cuencas fluviales) se ha echado en falta una institución que armonice intereses y aspiraciones territoriales.

Una reforma reformista sería, entonces, la de plantear en una misma propuesta consensuada entre PP y PSOE la reforma de la sucesión y la del Senado junto a la del procedimiento de reforma; y dejar para cuando ésta sea menos complicada las otras que están sobre la mesa: los nombres de las comunidades autónomas, la circunscripción electoral, la mención a la Iglesia católica, el voto inmigrante, la definición del matrimonio o el estatus de la lengua oficial del Estado y de las demás lenguas cooficiales en algunas comunidades.