Memoria de ley

En el último momento, el Gobierno se ha asegurado los apoyos para aprobar la Ley de Memoria Histórica. La larga negociación del borrador que empezará a discutirse el próximo miércoles no se ha limitado a introducir cambios en el articulado, sino que ha transformado la naturaleza original de la norma. El borrador es un listado de actuaciones diversas, no un texto legal que pretenda fijar el pasado.

Más de tres décadas después de la muerte del dictador, muchos de los símbolos de su régimen están intactos y siguen existiendo fosas comunes donde yacen en el anonimato centenares, tal vez miles, de ajusticiados por el aparato de represión franquista. Para hacer frente a esa realidad inaceptable, la Ley de Memoria Histórica sólo era un camino entre otros posibles, que seguramente no exigían la aprobación de una nueva norma. Bastaba la voluntad política para cambiar el nombre de las calles o retirar los monumentos en homenaje al dictador. En su estricta caracterización jurídica, las fosas son enterramientos ilegales que el franquismo ocultó y con los que la democracia tuvo que transigir en los primeros tiempos. De acuerdo con las disposiciones ya en vigor, el Estado está obligado a garantizar que los cadáveres son identificados y enterrados en los cementerios, sin excepción alguna para los muertos de la guerra y la represión posterior. En cuanto a las indemnizaciones para las víctimas y los represaliados, el Consejo de Ministros podía aprobarlas sin necesidad de una nueva ley.

La acertada pretensión del Gobierno de buscar el mayor acuerdo posible para una norma tan excepcional, del que sólo se han excluido el PP y ERC, ha provocado, sin embargo, que algunas disposiciones resulten extrañas desde el punto de vista jurídico, como la declaración de ilegitimidad sin efectos de los juicios del franquismo o la derogación expresa de los bandos de guerra, como si estas disposiciones siguiesen en vigor después de la Constitución de 1978. También que algunas soluciones parezcan timoratas, como la prevista para el Valle de los Caídos.

El franquismo privó a las víctimas de su vida o de su libertad, en ningún caso de su dignidad. Fueron Franco y sus correligionarios quienes renunciaron a la suya levantándose contra un régimen constitucional, asesinando a quienes lo defendieron con la ley en la mano y también a quienes, aprovechando la indefensión de la República, se lanzaron a una revolución cuyos métodos no diferían de los que empleaban los facciosos. Difícilmente se puede devolver la dignidad a unas víctimas que no la perdieron.