La Merced, la ley y el servicio penitenciario

Hoy, 24 de septiembre, con el boato y la parafernalia propios de tiempos pretéritos, se celebra La Merced que es, por decreto desde abril de 1939, la patrona de "prisiones". Para ser más respetuosos con la diversidad cultural de internos y trabajadores, el día de fiesta debería ser el 26 de septiembre, día en que fue aprobada, por unanimidad, hace 28 años la actual Ley General Penitenciaria, primera ley orgánica de esta etapa democrática y que ordena "como fin primordial" de las Instituciones Penitenciarias "la reeducación y reinserción social de los sentenciados a penas y medidas penales privativas de libertad".

La ley ha sufrido un desarrollo reglamentario muy desigual, con dos reglamentos aún vigentes de 1981 y de 1996. Ha soportado las sucesivas reformas para el "endurecimiento" del Código Penal, por las que el número de internos ha aumentado de 45.198 a 66.313, un 51,2% desde el año 1995, sin que los recursos presupuestarios hayan crecido al mismo ritmo. Los Gobiernos autónomos, excepto Cataluña, no han querido asumir esta competencia administrativa. Nos han adscrito desde el Ministerio de Justicia al del Interior, para convertirnos en una herramienta policial, que además resulta poco eficaz. En definitiva, el servicio público penitenciario, poco rentable electoralmente, ha carecido, durante demasiado tiempo, de la atención administrativa que merece y necesita. Las cárceles españolas siguen siendo las sentinas de una sociedad poco habituada a reconocer sus miserias, e intentar superarlas con justicia y equidad.

La nueva efeméride propuesta nos recordaría cada año que, en democracia, la legalidad es de obligado cumplimiento y absolutamente necesaria para defender los derechos de los más débiles, en este caso de los ciudadanos que, estando presos o penados, carecen de libertad.