Muerte en la discoteca

Un pequeño tropiezo dio lugar a una brutal paliza que reventó el corazón y mató a un joven de 18 años, Álvaro Ussía Caballero, en la madrugada del sábado en una céntrica discoteca de moda en Madrid. Los tres guardias de seguridad que cometieron la agresión han sido detenidos y puestos a disposición judicial. Uno de los amigos de la víctima empujó a una chica en la pista de baile, que resultó ser la novia de uno de los porteros, y éstos decidieron expulsar a los que causaron el contratiempo. Hubo discusión, golpes y, finalmente, un muerto.

Lo que resulta dramático es que no sea nada nuevo. La única diferencia, frente a los dos magrebíes que han muerto este año a manos de los responsables de seguridad de distintos locales de ocio -uno en Alcorcón y el otro en Fuenlabrada, en la Comunidad de Madrid-, es que ocurre en un local de la capital y que esta vez la víctima no es un inmigrante. Como lo fue también el ecuatoriano que murió en Barcelona en 2002, tras ser apaleado y arrojado al mar por los porteros de un local nocturno. La pregunta sigue desde entonces abierta: ¿cómo es posible que los que, supuestamente, tienen que velar por la seguridad sean los responsables de semejantes abusos?

Es tarea del Estado, tal como establece la Constitución, proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades del individuo y garantizar, al mismo tiempo, la seguridad ciudadana. La extrema dificultad de garantizar esa seguridad en grandes locales, donde miles de personas se reúnen los fines de semana para divertirse, debería obligar a las autoridades competentes a regular la letra pequeña de una actividad, la de los porteros de discoteca, que resulta imprescindible para salvaguardar el derecho de cualquier ciudadano a pasarlo bien sin que lo muelan a palos.

Establecer la formación que resulte necesaria y reivindicar la licencia que acredite su competencia, sentar de manera transparente sus funciones, fijar con claridad sus responsabilidades y las de las empresas que los contratan, regular su relación con las fuerzas de seguridad y todo un sinfín de normas de actuación son aspectos que reclaman con urgencia una reglamentación. Las instituciones del Estado tienden cada vez más a actuar bajo el brillo de los focos y a golpe de grandes escándalos. Con un reglamento riguroso y un control eficaz de su cumplimiento, es muy posible que no se hubiera tenido que lamentar ahora el comportamiento de los porteros que causaron la muerte a un joven de 18 años.