Mujer y discriminación

El 72% de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizan en la sanidad privada y con cargo al bolsillo de la paciente. Los datos recopilados por este periódico en diversas comunidades autónomas y países de nuestro entorno ofrecen una fotografía reveladora. Frente al 28% de los abortos a cargo de la red pública que se practican en España, en Italia, Reino Unido y Francia, tales porcentajes oscilan entre el 70% y el 100%.

Las diferencias por comunidades autónomas dentro del territorio nacional son también llamativas. En Navarra, por ejemplo, la red pública no afronta un solo aborto; ni en los hospitales públicos ni en los concertados. En general, la objeción de conciencia de los médicos reduce drásticamente el número de abortos practicados en la red pública de toda España.

Es llamativo que tras 24 años de aplicación de la vigente despenalización del aborto haya habido tan pocos avances para facilitar a las mujeres este difícil paso que, sin embargo, figura en el catálogo de prestaciones sanitarias. En esa ley, que sólo despenalizó el aborto, está el origen de que médicos y administraciones sanitarias hayan podido mantener una suerte de resistencia pasiva cuyo resultado es una desigualdad en el acceso que discrimina a las mujeres sin recursos económicos y con escasa información. La gratuidad del aborto, vieja reivindicación de los movimientos feministas, es justamente el único sistema de poner fin a tal discriminación y el que está vigente en los países de nuestro entorno.

El proyecto de ley del Gobierno, que debe superar todavía el trámite parlamentario, puede acabar con tal discriminación al proponer el cambio trascendental de consagrar la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho. Dicho proyecto garantiza "la prestación sanitaria, que estará incluida en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud".

El Congreso de los Diputados vota hoy una moción de un diputado navarro de UPN que pretende, sin embargo, aplazar la aprobación de la ley. Todo parece indicar que habrá mayoría parlamentaria para seguir adelante con este proyecto que puede conseguir que España deje de estar a la cola de Europa en abortos públicos y se ponga fin a una discriminación que resulta especialmente lesiva para las mujeres que más ayuda y asistencia pública necesitan.