Musulmanes en España

Los datos de la reciente encuesta sobre trabajadores extranjeros de religión musulmana presentada estos días por tres ministerios contribuyen a disipar los principales fantasmas asociados a ese credo. La aplastante mayoría de los entrevistados repudia la violencia que se lleva a cabo en nombre de su creencia religiosa, y asegura no encontrar dificultades insalvables para adaptarse a los modos de vida y las costumbres de nuestro país. Por otra parte, sólo la mitad se confiesa practicante asiduo, mientras que algo más de un tercio reconoce asistir esporádicamente a la mezquita y cumplir otros ritos y preceptos del credo musulmán.

Los responsables de algunas asociaciones de musulmanes en nuestro país sostienen que el panorama real es menos idílico de lo que muestra la encuesta. En todo caso, es importante conocer cuál es la percepción que de su situación tienen los propios musulmanes, y en este sentido, los datos obtenidos reflejan que no existen razones para que los poderes públicos actúen desde la sospecha, según pretenden de manera simultánea los grupos yihadistas y los sectores xenófobos. A tenor de los resultados, existe un espacio más que suficiente para que las instituciones orienten sus decisiones hacia el reforzamiento de principios democráticos como la igualdad ante la ley y la igualdad de oportunidades, sin dejarse arrastrar por la tentación de las legislaciones especiales más o menos encubiertas. Actuar desde la sospecha hacia esos ciudadanos conduce, de manera inexorable, a poner bajo sospecha a toda una sociedad tomando a los musulmanes como excusa.

Los autores del estudio precisan que los datos sólo son representativos del sentimiento entre los trabajadores de credo musulmán que han llegado a nuestro país, pero que no se pueden proyectar sobre el sentimiento futuro de sus descendientes. Considerar a éstos "inmigrantes de segunda generación" es un contrasentido, porque se trataría de inmigrantes que nunca inmigraron. La cuestión a la que hoy se enfrentan los poderes públicos es la de determinar si estos descendientes de inmigrantes serán ciudadanos españoles o no. Y lo último que se les habrá de preguntar es por su credo. Disfrutarán de los derechos y habrán de cumplir con sus deberes, que son exactamente los de todos.