Naufragio en Gibraltar

El buque chatarrero New Flame, de bandera panameña, semihundido desde hace seis meses en aguas que gestiona Gibraltar, se hundió el martes un poco más y manchó de contaminación varias playas en las proximidades de Algeciras. Lo que en agosto pasado podía calificarse de incidente de escasa importancia, hoy, pasado medio año, se ha convertido en una prueba de la incompetencia de las autoridades gibraltareñas para resolver lo que en apariencia era un problema menor y se está convirtiendo a gran velocidad en un conflicto de mayor cuantía.

Llueve sobre mojado, porque el caso del chatarrero recuerda la irritante permisividad gibraltareña hacia los petroleros monocasco. Exteriores ha decidido llamar a consultas a la embajadora británica, signo inequívoco de que las autoridades españolas creen que el Reino Unido es responsable "en última instancia" del desaguisado, y la Junta de Andalucía se dispone a demandar ante los tribunales internacionales a las autoridades del Peñón, al armador y a la aseguradora.

Si algo hay que lamentar en estas decisiones es la tardanza. Que un buque permanezca al borde del hundimiento total, con los riesgos de contaminación que ello implica -de hecho se han registrado vertidos esporádicos durante ese periodo-, parece una broma de mal gusto. Sobre todo cuando en las costas españolas existe una preocupación especial, debido a los casos de vertidos catastróficos y dislates políticos añadidos cuyo ejemplo más acabado es el Prestige. Si, además, se utilizan juegos de palabras para ocultar la realidad, como llamar al hundimiento "pérdida de flotabilidad" o "ligero movimiento de popa", o se niega la contaminación de las playas, la irresponsabilidad del Peñón parece evidente.

Cabe deducir de la pintoresca dilación del rescate del New Flame que Gibraltar se encuentra ante una situación que no sabe o no puede resolver, bien porque el coste del rescate sea demasiado alto, bien porque el Gobierno gibraltareño se haya enredado en un contencioso con la empresa encargada del rescate, o bien porque espera una ayuda de las autoridades británicas que no acaba de llegar.

No basta la llamada a consultas de la embajadora británica. El Gobierno español debe obtener garantías de que el New Flame dejará de constituir una amenaza para las costas españolas. La contaminación del mar es un problema grave en el que todos los países deben implicarse con algo más que discursos y promesas.

La acción diplomática es una mera y obligada respuesta de urgencia. Debería haber mecanismos legales para que los países vecinos con zonas amenazadas por un vertido no se encontraran con las manos atadas y pudieran intervenir para evitar el daño ecológico, lógicamente con el acuerdo del país que gestiona el litoral accidentado. No basta en cualquier caso con las lamentaciones: tampoco las autoridades españolas han actuado con la diligencia y los reflejos necesarios.