Negar el negacionismo

Alemania, país que ejerce este semestre la presidencia de turno de la Unión Europea, ha lanzado una iniciativa para reforzar en toda la UE la persecución y la condena del racismo y la xenofobia. Dentro de esta propuesta de alcance general, Berlín propone prestar una atención diferenciada a las tesis que niegan el Holocausto, sugiriendo que los países miembros las prohíban mediante ley. Se trataría de extender a la totalidad de la Unión unas normas que ya existen en nueve Estados, en algunos de los cuales se prevén severas penas de cárcel para los negacionistas. Hasta ahora, similares iniciativas procedentes de Luxemburgo y de la Comisión Europea habían sido rechazadas ante las reticencias de Suecia, Reino Unido, Holanda y Dinamarca, países en los que se considera que una regulación legal de esta naturaleza puede entrar en conflicto con la libertad de expresión. Italia, que inicialmente se oponía, acaba de reconsiderar su posición, y es lo que, entre otros factores, ha animado a la presidencia alemana para retomar esta iniciativa.

La matanza de seis millones de judíos perpetrada por el régimen nazi y la cooperación de otros Gobiernos europeos de la época es un hecho incontestable que ha marcado la conciencia de Europa y del mundo, y negar la existencia de este crimen es, antes que cualquier otra cosa, una falsedad. Incluso, una falsedad nada inocente, puesto que en la mayor parte de los casos va vinculada al propósito de rehabilitar en todo o en parte la ideología del nazismo o a cuestionar la existencia del Estado de Israel.

Aun reconociendo estas evidencias, cabe dudar de que el medio más adecuado para hacerles frente sea recurrir a su prohibición mediante una ley. Si por una parte plantearía los mismos y complejos problemas que cualquier intento de regular los delitos de opinión, por otra supondría rehabilitar, mediante un rodeo, la idea de que los poderes públicos fijan el relato de la historia: poco importa que se legisle sobre lo que se debe decir como sobre lo que no. Además, la adopción de una norma específica prohibiendo la negación del Holocausto obligaría a que el Legislativo tuviese que hacer suyos los argumentos en favor de la excepcionalidad de este crimen. En caso contrario, carecería de razones para no prohibir otras falsedades con las que también se tratan de dirimir asuntos políticos actuales, como las que circulan sobre el islam o sobre la colonización de América o de África.

La falsedad es siempre reprobable, más aún cuando obedece a intereses o a propósitos inconfesables. Pero convertirla en delito no conlleva necesariamente el triunfo de la verdad. En ocasiones, la libertad queda en peligro, y puede acabar afectando a la verdad.