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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Ocasión para explicar

El Gobierno no rehuirá hablar de su política antiterrorista el martes en el debate sobre el estado de la nación, según se desprende de la comunicación enviada a los grupos parlamentarios, por más que la vicepresidenta haya insinuado que el Ejecutivo estará a la espera de lo que plantee el PP. La deseable unidad de las fuerzas democráticas para el periodo de amenazas que se avecina pasa por una valoración del fracasado intento de final dialogado de ETA tras el anuncio de ruptura de la tregua hace casi un mes. La tensión que se respira desde entonces se vio reflejada ayer en el desalojo del aeropuerto de Ibiza tras un falso aviso de bomba, 10 días después de que la policía descubriera un coche abandonado con 115 kilos de explosivos cerca de Ayamonte (Huelva). El líder de la oposición ha reiterado su apoyo al Gobierno "para derrotar a ETA", pero adelantando que exigirá en el Congreso al presidente explicaciones sobre las revelaciones periodísticas relativas a las negociaciones con ETA y un compromiso de no reabrir un proceso de diálogo.

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Ésta es una exigencia excesiva, porque ningún Gobierno responsable puede descartar que la derrota etarra pueda requerir en un momento dado la formalización de un diálogo. Pero es una exigencia que debe ser discutida, no sólo rechazada. El debate es una ocasión que se le presenta a Zapatero para dar cuenta del resultado de la iniciativa que se plasmó en la resolución del Congreso de mayo de 2005; para ofrecer ahora las explicaciones que tal vez habría sido imprudente airear con la tregua en vigor. No se trata de polemizar con la versión, sin duda sesgada, que está ofreciendo ETA a través del diario Gara, ni de presentar una narración alternativa. Pero sí de ofrecer un balance político: por qué en un momento dado se pensó que era posible poner fin al terrorismo por esa vía y por qué ha salido mal.

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Durante el intento se tomaron decisiones que no se explicaron en su momento. ¿Por qué se aceptó llevar el debate sobre la eventual reforma del Estatuto a una mesa extraparlamentaria? ¿Para evitar tener que esperar hasta las elecciones de 2009, a fin de que Batasuna estuviera en el Parlamento? Al margen de las responsabilidades del PP en ello, ¿no fue una temeridad embarcarse en el proceso sin un consenso previo entre los dos principales partidos? Y a la vista de la experiencia, ¿tiene sentido aceptar el principio de la negociación con la única garantía de una declaración de tregua? ¿Hay que derogar la resolución de 2005, como plantea el PP, o es mejor aplicarla en negativo: puesto que no se han cumplido las condiciones ("clara voluntad de poner fin a la violencia") se vuelve a la situación anterior, utilización de "todos los medios" del Estado de derecho para derrotar a ETA? ¿Tiene sentido la distinción entre derrota y fin dialogado o son dos fases de una misma estrategia?

Existen razones para explicar por qué se hicieron ciertas cosas y se dejaron de hacer otras. Pero hay que darlas, sin limitarse a reprochar a los del PP que las exijan cuando ellos no las rindieron en su momento; lo que hizo Aznar en su hora no puede ser el baremo para medir todo lo que haga Zapatero.

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