Ocurrencias electorales

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, eligió un momento singular para anunciar que las familias asentadas en España recibirían a partir del pasado día 3 una ayuda de 2.500 euros por cada nuevo hijo. Lo hizo durante su discurso inicial en el debate sobre el estado de la nación, cuando las estadísticas muestran que en España se está recuperando la natalidad -1,37 hijos por mujer, la más elevada desde 1991-, gracias sobre todo a la población inmigrante. Y lo hizo como si fuera una decisión personal, sin debate previo conocido en el entorno del Gobierno y al margen del programa electoral. No es de extrañar que la propuesta imperativa del presidente se interprete mayoritariamente como un reclamo electoral cuya finalidad no es articular una política social coherente de ayudas eficaces a las familias, sino como una forma de halago interesado a los votantes ante las próximas elecciones generales.

Las políticas sociales deben meditarse con sumo cuidado, sobre todo las que proponen ayudas directas indiscriminadas. La primera objeción que cabe hacer a una subvención lineal de 2.500 euros por hijo es que no responde al criterio de una justicia distributiva básica, puesto que todas las familias, con independencia de sus rentas, reciben la misma cantidad como incentivo. A primera vista, el efecto sobre la natalidad de estos 2.500 euros por hijo será probablemente raquítico entre las familias con rentas medias y superiores, y discutible sobre las familias con rentas más bajas. Las parejas renuncian a aumentar el número de hijos porque la educación responsable de los niños se hace muy difícil cuando faltan guarderías próximas al hogar; y porque en España es muy difícil conciliar el desarrollo profesional con la vida familiar, es decir, con la atención a los hijos.

Así pues, si se quiere aumentar la natalidad sería más acertado promover guarderías públicas o privadas y extender las prácticas de horarios flexibles o de trabajo a domicilio. En este último apartado, la colaboración de las empresas es fundamental; pero esa colaboración dista de funcionar satisfactoriamente en lo que respecta a las leyes de conciliación que ha aprobado el Gobierno. Por otra parte, la infraestructura educativa pública tiene que ser ampliada urgentemente si se quiere atender las necesidades de escolarización de una demografía que no cesa de aumentar a causa de la presión migratoria.

El debate sobre la natalidad conduce inevitablemente a políticas sociales y laborales más complejas que nada tienen que ver con ocurrencias electorales de última hora. Y da la impresión de que puede ser una ocurrencia, porque no se sabe que se haya medido la rentabilidad de esa medida ni calculado sus consecuencias a medio plazo en el caso de que tuviera éxito. Como mínimo, faltan más explicaciones.