Ofensiva antiabortista

La detención del doctor Morín y de sus colaboradores más próximos, acusados de realizar abortos ilegales en las clínicas que el primero dirigía en Barcelona, ha desencadenado una injustificable ofensiva por parte de organizaciones católicas contra los centros que practican legalmente interrupciones voluntarias del embarazo, a la que se ha sumado recientemente la Comunidad de Madrid.

Iniciativas como acusar de asesinato a las clínicas que practican abortos ateniéndose a los supuestos legales, según vienen haciendo los grupos que se autodenominan provida, no deben ser banalizadas ni toleradas, puesto que son perseguibles judicialmente y se han dado casos de acoso y de intimidación al personal que trabaja en estos centros. Por lo que respecta a la Comunidad de Madrid, su tarea, como la de cualquier administración, no consiste en obstaculizar el cumplimiento de la ley, sino en garantizarlo. Y esto vale también para la Ley de Aborto vigente en España desde 1985.

La forma que adoptó entonces esta norma vino determinada por el respeto a los sentimientos de la Iglesia y de los sectores católicos, con los que se pretendió alcanzar un compromiso. No se trata de reabrir un debate sobre el que ya se logró un acuerdo, sino de volver a rechazar la renovada pretensión de imponer determinadas convicciones a todos los ciudadanos. El dilema que, tanto en 1985 como ahora, suscita la interrupción voluntaria del embarazo no es el de estar a favor o en contra del aborto, sino el de encontrar la mejor fórmula para no castigarlo penalmente en determinados supuestos. La ley de 1985 se inclinó por enumerar esos supuestos, asociándoles un plazo de tiempo. Como ha demostrado la experiencia en otros países, es preferible una ley que se limite a fijar el plazo dentro del que la interrupción del embarazo es legal, sin exigir, además, que la intervención obedezca a unos supuestos tasados.

El Partido Socialista renunció a renovar una promesa electoral no cumplida en esta materia; luego Zapatero sugirió que podría reconsiderar su renuncia, y ayer, de nuevo, que no. Pero lo cierto es que la regulación del aborto necesita de una mayor seguridad jurídica que la que ofrece la Ley de 1985; una seguridad jurídica como la que, sin duda, sólo podría alcanzarse con una ley de plazos.