'Okupas'

La decisión del juez de denegar el desalojo cautelar de las naves de la fábrica de Can Ricart, en el barcelonés barrio de Poblenou, ha abierto un debate en toda la sociedad catalana. ¿Asiste algún derecho al colectivo okupa a disponer de instalaciones ubicadas en un terreno propiedad de un particular, destinado -según el plan urbanístico aprobado- a actividades económicas, lofts privados, equipamientos y, en menor medida, viviendas sociales?

Mientras la justicia determina qué hacer con los okupas, que en esta ocasión cuentan con el respaldo de las asociaciones vecinales, una encuesta de la Generalitat publicada ayer sitúa a la vivienda como el principal problema en Cataluña. Y es que el boom inmobiliario, junto al fenómeno del mileurismo, ha agravado el problema de la dualización en el acceso a la vivienda: unos amasan fortunas en este sector y otros no logran obtener techo. Así, crece el movimiento okupa y se multiplican las movilizaciones de miles de jóvenes por el derecho a una vivienda digna.

La situación es más grave en Barcelona, una ciudad constreñida entre las montañas y el mar y por ello potencial víctima en mayor grado de la especulación, por la limitación de terreno urbanizable. El propio relator de Naciones Unidas para la Vivienda, Miloon Kothari, vivió desde primera línea la ocupación de Can Ricart, que calificó de "legítima" (algo jurídicamente bastante discutible) y agregó que en Barcelona "existe una gran desconexión entre la necesidad social y la planificación urbanística". Una opinión que no debería resultar chocante, pues la oposición municipal -integrada por CiU y PP- ha acusado históricamente al tripartito de izquierdas que gobierna Barcelona de no tener en cuenta la necesidad de vivienda social. Ello no deja de ser sorprendente, habida cuenta de que los Gobiernos nacionalistas apenas construyeron en 23 años vivienda social en la capital catalana.

Pero todo ello no es óbice para que se aplique la ley ante la ocupación irregular de unas instalaciones que son propiedad privada, y sin el atenuante moral de que estén abandonadas, en desuso o destinadas a incrementar especulativamente la expectativa de su valor futuro. El Ayuntamiento barcelonés ha decidido correctamente abrir un diálogo con los okupas si cesan previamente la ocupación, que tiene características distintas de las habituales, pues no se trata de un estricto problema de vivienda, sino de un espacio que los jóvenes reivindican para realizar actividades culturales.