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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Palabra de gobernador

Ordóñez defiende la recapitalización rápida de las cajas en un explícito apoyo al Gobierno

El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, expuso ayer públicamente su apoyo al decreto ley que impone plazos y criterios para la recapitalización de las cajas de ahorros, aprobado el viernes por el Gobierno. Es legítimo suponer que la presencia pública del gobernador tenía el objetivo de erradicar las sospechas sobre un enfrentamiento entre el Banco de España y el Gobierno a propósito de los ritmos y métodos de la reforma financiera. Este fin político explica la rotundidad de las afirmaciones de Fernández Ordóñez, tales como la de que el decreto es un mensaje capital "para revertir la desconfianza" de los mercados hacia las cajas o la de que se siente "plenamente satisfecho" con la nueva norma.

Si se aceptan los mensajes del gobernador, parece que el sistema financiero español entrará en breve en un periodo de mayor tranquilidad. La recapitalización rápida e imperativa era "necesaria", la exposición de las cajas al crash inmobiliario en activos problemáticos apenas llega a los 93.000 millones y las necesidades de capitalización del sistema financiero no llegarán a los 20.000 millones. Para que estas predicciones optimistas se conviertan en efectos reales solo falta que los próximos tests de solvencia de la banca española confirmen que no hay riesgo oculto bajo la alfombra de cajas y bancos.

La comparecencia del gobernador tenía otra finalidad más técnica. Durante las últimas semanas se ha extendido una interpretación contraria al decreto de reforzamiento financiero, basada en dos riesgos capitales. El primero es la sensación de inestabilidad regulatoria que genera la proliferación de normas sobre las cajas. El segundo parte de la idea de que las entidades no van a encontrar capital en los mercados; si quieren cumplir con las nuevas obligaciones, tendrán que recurrir al dinero público. Más capital requerido (hasta el 10% de capital bueno sobre los activos ponderados por riesgos) equivaldría, según este análisis, a menos crédito para empresas y particulares.

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Las explicaciones no logran desmontar del todo ambos temores, pero sí apelan a un argumento contundente: sin la recapitalización urgente, las cajas seguirían sin acceso al crédito mayorista. Y, en consecuencia, tampoco filtrarían crédito a las empresas. Habrá que verificar que la recapitalización abre las ventanillas del crédito para comprobar si acierta el gobernador, como resulta deseable.

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