Pasos en el desarme

La desaparición de las bombas de racimo podría ser realidad después de que 109 países hayan aprobado en Dublín el texto de una convención internacional que prohíbe su uso, fabricación, adquisición y almacenamiento. Este acuerdo sigue al alcanzado en Ottawa hace más de una década, por el que se proscribieron las minas antipersona. Tanto en un caso como en otro se trata de armas que provocan víctimas indiscriminadas y que, por sus especiales características, acaban cebándose en las poblaciones civiles de las zonas en guerra. Además, la dificultad que entraña su localización hace que permanezcan activas por tiempo indefinido después de que finalicen los conflictos, obstaculizando la reconstrucción y la recuperación de la normalidad.

El texto acordado en Dublín excluye la posibilidad de que los países firmantes establezcan reservas sobre algunas disposiciones del Tratado; tampoco contempla periodos de transición para seguir empleando estas armas. Son aspectos positivos de una Convención cuyo principal problema reside en que los mayores fabricantes -Estados Unidos, Rusia, China, Israel, India y Pakistán- no han participado en las negociaciones, y es de prever que no atiendan sus disposiciones. Para entrar en vigor, la Convención requiere la ratificación de al menos 30 firmantes y está previsto alcanzar ese número antes del 2 de diciembre, fecha en la que tendrá lugar una solemne ceremonia en Oslo, la ciudad en la que empezó a fraguarse este Tratado.

España es país productor de bombas de racimo y el Gobierno, con buen criterio, ha firmado el texto de la convención. Con ello, no sólo se ha comprometido a detener la producción sino también a destruir los arsenales existentes. Los plazos para cumplir estas obligaciones sólo empiezan a correr después de la ratificación del convenio, pero nada impediría empezar a hacerlas efectivas de forma inmediata. Puesto que el texto acordado en Dublín puede ser considerado, entre otras cosas, como una denuncia implícita de los inhumanos efectos de las bombas de racimo, resulta hasta cierto punto incongruente, y, desde luego, moralmente inexplicable, que su producción o su almacenamiento se prolongue por una simple formalidad en el cumplimiento de los compromisos internacionales.

Así lo ha entendido Alemania y así debería entenderlo el Gobierno español.