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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Patinazo de cine

Bruselas paraliza la orden que fijaba los nuevos criterios para la subvención del cine español

Un patinazo del director del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales (ICAA), Ignasi Guardans, puede dejar al cine español durante varios meses sin subvenciones a nuevos proyectos. La Unión Europea ha paralizado la orden ministerial de octubre que las regulaba, para estudiar su contenido. Lo hace tras recibir una queja de los llamados Cineastas contra la Orden, un colectivo que considera que se desprotege a las producciones modestas. Es incomprensible que una persona que conoce, por su pasado como eurodiputado, los circuitos cortesanos de la Unión Europea haya provocado su enfado publicando la orden sin un cautelar visto bueno.

Del embrollo se salvan las ayudas para la amortización de largometrajes ya estrenados porque la orden aplaza su entrada en vigor a septiembre del año próximo. El resto decae, ya que la orden deroga los criterios vigentes para implantar los nuevos, ahora paralizados. Lo más chocante es que la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, ha considerado que entraba dentro de lo "previsible" lo sucedido y se ha limitado a desear que la UE sólo retrase su aplicación sin variar su contenido.

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El nuevo sistema de subvenciones buscaba corregir un panorama deprimente del cine español. De las 115 películas españolas estrenadas este año, apenas 12 han superado el millón de euros de recaudación en taquilla. Muchas decenas de títulos no han llegado a los 300.000 euros. Y no está escrito en ninguna parte que todo este cine invisible lo sea porque su ambición artística provoca la fuga del público. Simplemente, cabe la humilde hipótesis de que una parte del mismo no merezca su atención.

El Estado ha de proteger tanto a una industria audiovisual solvente como al riesgo estético, dos apuestas que no son incompatibles. Es necesario dar amparo a la ambición artística, muy difícil de evaluar desde despachos administrativos, y empujar un tejido de producción potente, que no busque sobrevivir penosamente sólo al abrigo de subvenciones. En este contexto, la Administración penaliza a un sector audiovisual particularmente dinámico como es el de la televisión al no aceptar que la inversión en la producción de series españolas, que da empleo a los mismos artistas y artesanos que el cine, pueda cubrir toda la cuota de inversión audiovisual que les impone.

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