¿Perjudica la salud pública a los políticos?

Estamos viendo en los últimos tiempos cómo los políticos de la mayoría de las comunidades autónomas hacen dejación de sus funciones en la verificación de la ley del tabaco, cómo los políticos municipales no asumen las sentencias judiciales para proteger a los ciudadanos de la contaminación acústica y, por último, cómo se oponen a que se legisle sobre el consumo de alcohol en los jóvenes. Ceden ante intereses económicos y presiones inconfesables.

La ministra Salgado, como lo hizo Rajoy en 2002, ejerciendo las responsabilidades de su cargo y cumpliendo con su obligación, ha promovido una ley del alcohol cuyo fin esencial era mejorar y cohesionar entre los distintos territorios la protección de los menores frente al abuso de las bebidas alcohólicas (el alcohol es alcohol, sea en bebida fermentada o destilada). Da la sensación de que las normas de protección de la salud para todos los ciudadanos se contemplan como una amenaza por aquellos que apuestan por un populismo cutre y miserable. Estas normas democráticas no cuestionan la esencia de las libertades individuales, sino que intentan armonizar los derechos y libertades de todos y particularmente el de los menores a crecer en salud.

En muchos casos, la mayoría de los que se han subido al púlpito no habían siquiera leído el borrador de anteproyecto y han preferido hablar de oído bajo el dictado de la conveniencia. Si en lugar de eso, todos (Gobierno, oposición, políticos autonómicos, profesionales de la salud, medios de comunicación...) hubiesen hecho el esfuerzo colectivo de explicar bien la ley a los ciudadanos, la inmensa mayoría de la población hubiese apoyado la medida. Pero algunos se han ocupado a consciencia de sembrar la suficiente confusión como para hacer esto una misión imposible. Da la impresión de que ciertos políticos piensan que la salud pública perjudica seriamente a sus intereses.