Petición de respeto

Si el Gobierno pretendía minimizar ante la opinión pública el alcance del empeoramiento que está sufriendo la economía española, pocas dudas caben de que esta política ha fracasado. El sondeo de Metroscopia para EL PAÍS revela inequívocamente que los ciudadanos tienen perfecta conciencia de la crisis -el 75% de los encuestados define la coyuntura como "mala o muy mala"- y que, además, no entiende la política anticrisis del Ejecutivo, puesto que el 63% de los encuestados considera que la Administración no sabe corregir la situación.

La interpretación más razonable de la encuesta es que los ciudadanos piden que el Gobierno les trate con más madurez. Es posible que en el tercer trimestre de 2007, incluso inmediatamente antes de las elecciones, resultara razonable emplear los términos de "desaceleración económica" para referirse a las dificultades de crecimiento del PIB o a la presión inflacionista. Pero, pasadas las elecciones, la pésima evolución de los indicadores exigía una versión más realista de la situación económica. Desde marzo de este año era evidente, ya que la desaceleración empezaba a incorporar elementos de crisis, bien patentes en la huelga del transporte, en la continuada subida del paro, en el desplome de empresas inmobiliarias o en la brutal escalada del precio de los combustibles que erosiona el poder adquisitivo de casi todos los bolsillos.

El sondeo sugiere que, al declarar su clara "conciencia de crisis", los ciudadanos piden respeto al Gobierno, es decir, explicaciones claras y adultas de la coyuntura. Las piruetas pueriles para evitar el término "crisis" ni siquiera han contribuido a desdramatizar la situación. El sondeo demuestra también que los españoles tienen una mala opinión sobre la eficacia de las medidas anticrisis adoptadas hasta ahora. No podían ser bien recibidas, porque algunas tienen una fundamentación muy endeble -es el caso de la devolución universal de los 400 euros, que hubiera sido más eficaz concentrada en declarantes con rentas medias y bajas- y otras han sido tan mal explicadas que ni siquiera se dan por existentes.

No es aventurado interpretar que los ciudadanos reprochan al Gobierno errores como la falta de claridad en la explicación del deterioro económico y una flagrante inconsistencia en las políticas contra las subidas de precios, el descenso de las rentas y el crecimiento del desempleo. Ahora se advierten con claridad los costes políticos de no actuar inmediatamente contra la subida de los alimentos en la segunda mitad de 2007 -pasividad que ha enraizado la idea de que "el Gobierno no hace nada contra la inflación"- o del excesivo optimismo oficial al calcular las consecuencias económicas de la crisis financiera.

No hay duda de que el mensaje es inequívoco y exige al Gobierno más realismo económico y más decisión contra la crisis. El destinatario cometerá un error político grave si no lo atiende.