Piratas en el siglo XXI

El secuestro del atunero Playa de Bakio frente a las costas somalíes ha puesto una vez más de manifiesto cómo la debilidad o inexistencia de un Estado, en este caso Somalia, y los peligros que se derivan de tal situación, se extienden al mar. La proliferación de la piratería marina causa serias perturbaciones a la pesca y al turismo y pone en peligro la vida de las personas, por lo que debiera ser de la máxima prioridad para la comunidad internacional, al mismo título en que existe una aguda conciencia sobre las actividades de grupos terroristas.

Lo fundamental en esta ocasión es conseguir la liberación de los 26 miembros de la tripulación -13 de ellos españoles- e intentar capturar a los secuestradores para llevarlos ante la justicia española, como hicieron fuerzas francesas tras la liberación del pasaje del crucero de lujo Ponant, después, cabe recordarlo, de pagar el rescate.

Para resolver un caso como éste hay que contar con los países socios y aliados con más experiencia en este tipo de problemas, como Francia, el Reino Unido y EE UU, o con la presión que pueda realizar la propia UE. Pero también hay que recabar la colaboración de las autoridades somalíes, por paradójico que pueda parecer. Si los piratas han llevado al Playa de Bakio al interior de las aguas territoriales del país africano, como todo parece indicar, una hipotética intervención de la fragata Méndez Núñez, que se dirige a la zona para liberar a esta tripulación, precisaría del aval de las autoridades locales. Pero si no llega no hay por qué excluir el uso de la fuerza en un territorio en el que no reina la ley.

Éstos son tensos momentos en los que parece contraproducente pedir precipitadamente, como ha hecho el PP, la comparecencia en el Parlamento de los ministros de Exteriores y de Defensa, o criticar, como ha hecho el PNV, que Zapatero haya "abandonado a su suerte" a los secuestrados. Tampoco parecen constructivos los deseos del Ejecutivo vasco de participar en la negociación con los secuestradores.

Es necesario que la comunidad internacional tome medidas. Y no es imposible. Gracias a los esfuerzos conjuntos de los países de la zona, la piratería se ha reducido considerablemente en el estrecho de Malaca en el sureste asiático. En el caso somalí es más difícil, pues la ausencia de un Estado digno de tal nombre permite a los piratas hacerse con lugares seguros en la costa desde los que reclamar sus rescates, y les deja libertad de movimientos en un mar en el que, además, la pesca no está regulada. En la época de la vigilancia por satélite, la comunidad internacional, y España en cabeza, con patrullas navales regulares dotadas de helicópteros, debería ser capaz de negar a estos criminales capacidad de actuar.

Ayudaría que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptara una legislación contra la piratería con carácter universal, algo en lo que la UE debería tomar la iniciativa y la delantera.