Pobre argumentario

La dirección del Partido Popular dio ayer un paso más en su ofensiva contra el Grupo PRISA con la difusión entre altos cargos de los argumentos que recomienda utilizar en las explicaciones públicas sobre el boicot a sus medios de comunicación. Dicho argumentario está dedicado fundamentalmente a suscitar un boicot de tipo económico a las empresas del Grupo y contiene dos graves falsedades, pensadas para ocasionar daños en sus ingresos y en la cotización bursátil. El texto se inventa como presunta explicación para las declaraciones del presidente de PRISA "la mala situación de las inversiones de Jesús Polanco y su necesidad de contar con el respaldo del Gobierno para salir de la profunda crisis empresarial", y las atribuye a "la debilidad del Grupo PRISA" como "acólito necesario del proyecto radical de Zapatero".

Más que un argumentario, este condensado de mentiras y de mala fe es el argumento definitivo que confirma los temores expresados por Jesús de Polanco para el caso de un regreso de estos dirigentes del PP al Gobierno. Un partido político protegido por la Constitución y financiado en parte con fondos públicos, que es un instrumento de participación política de los ciudadanos y no una propiedad privada de sus dirigentes, se convierte en el instrumento para una grave interferencia en la actividad de un grupo privado de comunicación, con el descarado propósito de perjudicar los intereses de sus accionistas y sin la más mínima preocupación por el daño que se pueda causar a sus profesionales: los 14.000 trabajadores que están encuadrados en el grupo de empresas en España y en América Latina.

Hay antecedentes de boicot informativo a un medio, y este periódico ha criticado recientemente el que el PSOE pretendió realizar con una televisión pública como Telemadrid. También los hay de boicot comercial, con implicación de sectores y personalidades afines al PP, como fue el declarado contra el cava catalán durante el debate del Estatut. Pero es insólito un boicot total, informativo y económico, que pretende perjudicar en la cartera publicitaria, en los ingresos por venta de ejemplares y en la cotización de las acciones, y que está directamente lanzado y organizado por un partido político que se considera responsable y aspira a regresar al Gobierno.

La pobre idea que se hacen los dirigentes del PP de las libertades de empresa y de expresión revela una preocupante concepción de la política como mezcla prevaricadora de poder y medios de comunicación, algo impropio de una formación moderna y democrática. En el ánimo de estos dirigentes está claro que se ha desvanecido toda idea de equidad y de Estado de derecho, y que la única forma de relación entre poder y medios que les entra en la cabeza es la del do ut des, como concesión de favores o como castigo, es decir, como una omertà que vincula a protectores y protegidos. Pero pobre es también la idea que tienen de sí mismos como responsables de un partido político y de quienes se hallan bajo su disciplina. Impartir este tipo de órdenes y consignas, que afectan al comportamiento privado de unos ciudadanos, por más que estén encuadrados en un partido, constituye una interferencia intolerable en su libertad individual, propia de partidos totalitarios que creíamos ya desvanecidos de nuestro horizonte, como mínimo entre las formaciones que pretenden gobernar o ya han gobernado.