Políticas autistas

El conflicto del transporte está produciendo situaciones de violencia que, por el momento, se han cobrado un miembro de un piquete muerto en Granada y varios heridos en enfrentamientos con la fuerzas del orden. La presencia de piquetes en las carreteras y en los mercados centrales de las ciudades, empeñados en cortar el tráfico e impedir la entrada de mercancías en los mercados, es la causa directa de esta deriva amenazadora del paro. Pero el Ejecutivo no está exento de responsabilidades; los acontecimientos indican que ha calculado mal las consecuencias del encarecimiento de los combustibles y que ha reaccionado tarde a las intimidaciones de los huelguistas.

En una huelga masiva del transporte, son tareas fundamentales de la Administración mantener el orden circulatorio en las carreteras y garantizar que el conjunto de los ciudadanos no se vean afectados por problemas de abastecimiento de alimentos, medicinas y combustibles. Estos principios no pueden ser menoscabados por el derecho a la huelga o al paro patronal. Sin embargo, al menos durante los tres primeros días del conflicto, el Gobierno ha actuado como si no tuviese otra cosa que hacer que negociar con las patronales convocantes de la huelga. Los actos salvajes de Granada y Alicante, el colapso de las carreteras de entrada a las capitales o los enfrentamientos entre piquetes y fuerzas de orden público demuestran que una percepción tan descomprometida estaba equivocada.

Ayer, el ministro del Interior anunció que 25.000 agentes garantizarán el tráfico por las carreteras y el abastecimiento de los establecimientos comerciales. Ya era hora. Esta súbita diligencia oficial coincide con las interpelaciones parlamentarias del PP. Bienvenida sea la oposición si por fin se olvida de su desbarajuste interno y fustiga la parálisis oficial.

La pasividad inicial ante la ocupación de las carreteras no es el único error que han cometido el Gobierno en su conjunto y el Ministerio de Fomento en especial. La Administración tiene que prevenir las consecuencias inevitables de las subidas bruscas del petróleo; no cabe aducir sorpresa, porque la economía española tiene una larga tradición de paros y huelgas en las carreteras por este motivo. Prevenir significa en este caso disponer de reflejos para tomar la iniciativa en las negociaciones con los colectivos afectados -transporte, agricultura y pesca sobre todo- y tener en cartera un conjunto de ayudas que mitiguen las subidas insoportables del coste de los carburantes. Hasta ahora, el Gobierno sólo ha tomado una decisión firme y certera: rechazar las ayudas fiscales, incluida la tarifa mínima de combustibles, que reclaman los huelguistas. Son discriminatorias y no resuelven el problema de fondo del sector, que es la atomización empresarial. Fomento debe mantenerse firme y ofrecer tan sólo ayudas laborales y apoyos a la reconversión del sector del transporte.

La inacción del Gobierno en este conflicto parece un ejemplo más de esa política autista que ha elegido para enfrentarse a la crisis económica en cualquiera de sus manifestaciones. Mientras en todo el mundo los responsables políticos intentan llegar al fondo de las causas de la crisis -como demuestra la propuesta de Angela Merkel de articular una nueva regulación de los mercados de capitales- y debaten soluciones para afrontar la escasez del crédito y el choque petrolero, José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Solbes se han quedado atascados en un análisis primero negacionista y luego minimalista de la situación. Deben apearse de la ridícula insistencia en la "desaceleración" breve de la economía porque es irresponsable actuar sobre esa premisa. Así lo demuestra el caos que ha causado actuar sobre una premisa similar en el conflicto del transporte.