Precipitada e innecesaria

El Consejo de Ministros aprobó ayer de urgencia el decreto ley que regula la Televisión Digital Terrestre de pago. La decisión se adoptó pese al dictamen del Consejo de Estado, órgano consultivo del Ejecutivo, que considera que la reforma vulnera la legislación de contratos con la Administración, es precipitada y no responde al interés general. El Consejo de Estado afirma que un cambio semejante requiere el escrutinio del Parlamento, un plazo razonable y la posibilidad de introducir enmiendas. El Ejecutivo, ante tan contundente objeción, decidió a última hora sustituir la fórmula de real decreto por la de decreto ley, que implica la ulterior convalidación parlamentaria pero que se reserva a situaciones de urgencia y contra la que no cabe recurso. Utilizar un trámite excepcional para una cuestión sobre la que no existe demanda social remite a los peores usos autoritarios e intervencionistas y deja sin capacidad de defensa jurídica a quienes se puedan sentir perjudicados.

¿Cuál es la urgencia, en pleno agosto y en un Consejo de Ministros dedicado a la crisis? Sólo una: satisfacer los intereses de un grupo de amigos. Tampoco se han tenido en cuenta las quejas de parte del sector audiovisual (entre ellas las de Sogecable, del Grupo PRISA, editor de EL PAÍS), que ve cómo un improvisado cambio parcial puede afectar al equilibrio del conjunto en plena crisis. Es, pues, una decisión escandalosa y abusiva. El decreto ley introduce más desorden, si cabe, en un panorama necesitado de una ley que ordene lo que el capricho de sucesivos Gobiernos ha ido destrozando. Cabía la esperanza de que el PSOE mostrara mejor criterio que la derecha. Sin embargo, esta aprobación atropellada, promovida por Industria, supone un paso atrás sólo atribuible a las presiones de algún grupo de comunicación y de los fabricantes de aparatos descodificadores. El Gobierno de Zapatero ha preferido atender el interés de unos pocos en un ejemplo de rancio clientelismo.

La TDT de pago dinamizará el modelo de televisión, pero sólo si se establece en el marco de la Ley General Audiovisual. Así lo dice el Consejo de Estado. Es irresponsable introducir cambios semejantes en un momento en el que el sector audiovisual, como otros, sufre las consecuencias de la crisis. Argumenta el Gobierno que la TDT de pago aumentará los contenidos, dinamizará la tecnología digital y traerá un río de millones a todos sus actores. No es cierto, al menos en la actualidad. Resulta ridículo pensar que la simple existencia en breve de un canal de pago despertará el entusiasmo de la audiencia, sobre todo si se tiene en cuenta que ese canal emitirá partidos de fútbol, o sea, lo mismo que ahora ofrecen otras televisiones de pago. Ni aumenta la demanda ni se crean valores adicionales.