Privilegios incontrolados

Los controladores aéreos, un colectivo formado por unos 2.300 trabajadores, cobran una media de 350.000 euros al año, y un tercio de ellos, entre 360.000 y 540.000 euros (equivalente a entre 60 y 90 millones de pesetas). Son datos desvelados (había amenazado con hacerlo) por el ministro de Fomento, José Blanco, de cuyo departamento depende AENA, la sociedad que gestiona los aeropuertos. Blanco está empeñado en un pulso por acabar con los privilegios de ese colectivo, contra el que se han estrellado todos los gobiernos que lo han intentado.

Ello se debe a su enorme poder intimidatorio: una huelga prolongada de controladores puede paralizar un país o provocar pérdidas económicas ingentes, como ocurrió hace años en Francia. En ningún otro lugar de Europa disfrutan de una situación tan privilegiada. Sólo en Francia hay más controladores, pero allí ganan la mitad. El coste de su hora de trabajo es en España el mayor de la UE.

Sus representantes sindicales discuten la exactitud de esos datos o los matizan. Alegan que cobran lo estipulado en convenio, y que el alto coste laboral se debe a las horas extraordinarias que se ven obligados a hacer por insuficiencia de las plantillas. Pero tras las revelaciones de Blanco, la Intervención General del Estado ha reprochado a AENA que venga pagando retribuciones superiores a las que resultarían de la actualización del convenio vigente, firmado en 1999, con validez hasta 2005 y prorrogado desde entonces ante el escaso interés de los controladores en firmar uno nuevo, que nunca sería más favorable para ellos. En otros países las condiciones laborales se han ido adaptando a la crisis del sector. El año pasado, el número de pasajeros se redujo en España el 8,1%. El número de controladores se ha multiplicado por dos y medio desde finales de los años ochenta. Y que haya muchas horas extras no significa que deban pagarse tres veces más caras que las de la jornada normal.

El ministro de Fomento argumentó que esos elevados sueldos se reflejan en los costes de navegación, lo que a su vez se tuvo que compensar, para no perder competitividad, con reducciones de las tasas aeroportuarias. Y esto incide en las pérdidas de AENA: sólo 8 de los 48 aeropuertos que gestiona tuvieron beneficios. Y las pérdidas (300 millones en Barajas) las paga el Estado; es decir, el contribuyente.

Es posible que los datos de Blanco sean sesgados, o que simplifique en exceso al atribuir el déficit operativo de los aeropuertos sólo a esa causa. Pero es que aunque los 700 controladores que más cobran ganasen la mitad, ya sería un escándalo; y otro mayor, que boicoteen el servicio con huelgas encubiertas en los momentos de máxima circulación. Blanco asume un riesgo al enfrentarse a tan poderoso gremio, pero que se haya atrevido a hacerlo merece el apoyo de los grupos políticos y de la ciudadanía. Las situaciones de crisis causan muchos males, pero suelen ser ocasión para acabar con vicios del sistema muy enraizados. Es el caso.