Púlpitos en las aulas

La estrecha alianza de la Generalitat de Francisco Camps con el arzobispado de Valencia ha dado otra vuelta de tuerca esta semana, con el acuerdo que permite a los obispos ofrecer a los colegios públicos y concertados un material alternativo sobre sexualidad. Tal acuerdo supone, de facto, expulsar de las aulas públicas una educación sexual basada en criterios científicos para sustituirla por un adoctrinamiento anclado exclusivamente en los valores religiosos de la Iglesia.

La excusa esgrimida por el arzobispado para lanzar esta nueva ofensiva es que la educación impartida hasta ahora con los manuales de Sanidad y Educación del Gobierno valenciano no ha logrado reducir el número de embarazos, abortos, enfermedades de transmisión sexual y "demás problemas derivados de una concepción de la sexualidad inadecuada". El argumento peca de inexactitud en algunos conceptos (la tasa de abortos en la Comunidad Valenciana se contrajo ligeramente en 2009 respecto al año anterior) y en ningún caso parece la mejor opción extender entre los jóvenes la ignorancia y el prejuicioso rechazo hacia el despertar natural de la sexualidad, agravando el problema que se pretende atajar.

La jerarquía católica sigue anclada en el pasado. Su obsesión por la sexualidad y la familia tradicional limita su entendimiento, convirtiendo a la suya en una institución sorda y ciega ante determinadas inquietudes sociales. Antonio María Rouco Varela desaprovechó el cónclave que le confirmó recientemente como presidente de la Conferencia Episcopal para centrar su discurso, por ejemplo, en el desempleo, el problema que más agobia a la sociedad española. En su lugar hizo un inoportuno llamamiento sobre las redes sociales, que para Rouco son poderosos instrumentos de "propagación de fórmulas de vida de todo tipo, sin excluir las menos acordes con la dignidad humana". Olvidaba el arzobispo, entre otras cosas, el papel decisivo -y la suprema dignidad- de esas redes en algunas de las revueltas de los países árabes contra sus tiranos.

Tienen razón los católicos conservadores cuando afirman que la Iglesia tiene derecho a ejercer su magisterio en la enseñanza. Pero lo exigible es que limite su adoctrinamiento a sus fieles. Que la Generalitat Valenciana colabore en el traslado de sus púlpitos a las aulas, con el dinero de todos, subvierte los valores en que debe estar basada la enseñanza pública.