Purificación en Polonia

La obsesión del Gobierno derechista polaco de los hermanos Kaczynski por purificar el país de su pasado comunista ha adquirido tintes enfermizos con la entrada en vigor de la ley que obliga a cientos de miles de personas a confesar si colaboraron con la policía política del régimen desaparecido hace 17 años. Profesores, directivos de empresas públicas, periodistas, funcionarios, abogados, etcétera, nacidos antes de 1972 caen bajo las previsiones de un texto promovido por el partido gubernamental que prevé serias represalias contra los renuentes, y del que lo único razonable que cabe esperar es que sea derogado cuando en mayo afronte el escrutino del Tribunal Constitucional.

La ley ha provocado la ira de los sectores afectados y la división de los polacos. Aunque resulta evidente que los gemelos Kaczynski no llegaron al poder para modernizar su país y hacer de él un modelo de librepensamiento, su ley que escudriña las conciencias no es compatible con un Gobierno europeo contemporáneo, comprometido aparentemente con los ideales de la UE. Polonia no puede a estas alturas dar cobertura a una caza de brujas apoyada en los perversos archivos de la policía política, ni siquiera con el argumento gubernamental de que la vida pública está contaminada por una siniestra red de funcionarios corruptos y profesionales sin escrúpulos que han medrado gracias a sus lazos con el régimen caído.

Que ex miembros de la nomenclatura comunista y confidentes del sistema han aprovechado sus conexiones pasadas para llegar más o menos lejos en la Administración y la empresa resulta evidente, como en la práctica totalidad de los países europeos con un pasado comunista consolidado. La integración de estos oportunistas en una democracia es una medida inevitable y hasta saludable, siempre y cuando no tengan la menor ventaja sobre la mayoría de los ciudadanos. Pero la ofuscación de Lech y Jaroslaw Kaczynski con los errores del pasado parece vedarles la apreciación de los suyos, que son monumentales. El trabajo del Gobierno polaco consiste en reformar un país muy necesitado de ello, no en organizar lustraciones arbitrarias que utilizan medidas de denuncia y castigo como las de la era denostada. Hasta el organismo que debe decidir sobre las confesiones ciudadanas, el Instituto de la Memoria Nacional, tiene nombre inquietante.

Una herencia totalitaria no se combate con armas de similar jaez. La democracia y el capitalismo no se defienden con la caza de advenedizos ex comunistas, sino construyendo una sociedad abierta, justa y competitiva donde los oscuros vínculos del pasado se desplomen por irrelevantes. Pero eso es justamente lo que el Gobierno de Justicia y Paz, después de año y medio al timón de Polonia, se muestra incapaz de hacer.