¿Quién no la quiere?

El PP aprovechó que ayer se debatía una proposición suya en favor de la no prescripción de los delitos de terrorismo para añadir como enmiendas a la misma la exigencia de ilegalización de ANV y de revocación de la resolución de mayo de 2005 que habilitaba al Gobierno para intentar el fin negociado del terrorismo de ETA.

Justo cuando, tras la vuelta de los atentados, parecían reunirse las condiciones para la recuperación de la unidad entre los dos grandes partidos, el PP multiplica los obstáculos mediante ese tipo de iniciativas con la aparente estrategia de poner en un compromiso al Gobierno. Con mentalidad grupuscular, el principal partido de la oposición reitera con aire astuto emplazamientos destinados a poner a prueba la voluntad unitaria de Zapatero: si de verdad la desea, que vote nuestras proposiciones.

La apelación a la ilegalización de ANV es superflua cuando el Gobierno ha declarado públicamente que se dispone a instarla. La derogación de la resolución la plantea el PP cada 15 días, lo cual ya de entrada indica una voluntad escasamente unitaria, a la vista del rechazo de todas las demás fuerzas parlamentarias. Aquella resolución hacía depender el diálogo de ciertas condiciones que obviamente no se han producido. En ese sentido, ya no está operativa. Pero el PP, decidido a hacer de ello un motivo de diferenciación y ruptura, la presenta como cancelación de la posibilidad de diálogo para siempre. Ningún Gobierno (ni siquiera del PP) podría comprometerse a tanto. No sabemos la forma que revestirá el final de ETA; tal vez desaparezca por extinción paulatina; pero es más probable que improbable que, en un momento dado, la derrota de ETA tome la forma (se formalice) de un acuerdo; sobre los presos, por ejemplo.

Lo absurdo es atarse las manos ahora, y condicionar la unidad a la aceptación de una fórmula que excluya a la otra. El PP argumenta que la derogación transmitiría a ETA el mensaje de que debe perder toda esperanza de negociación. El mensaje que ahora se está transmitiendo a ETA, el de las detenciones de etarras y cooperadores necesarios, es mil veces más efectivo que cualquier amenaza a gritos de que nunca nadie negociará con ellos. La contraposición entre derrota y diálogo es más nominalista que real. Sólo tras la derrota política y policial de ETA se reunirán las condiciones para un final dialogado, en los términos de la resolución de 2005.

El PP pudo haberse felicitado de que los demás aceptaran incluir expresamente la idea de derrota en el último comunicado conjunto. En lugar de eso, ha buscado nuevos factores de ruptura, como la pretensión de que los delitos de terrorismo no prescriban o que se derogue la resolución de 2005. Como si les incomodara la compañía y temieran quedarse sin discurso electoral. Pero si esto es así, ¿quién no quiere la unidad de los demócratas contra ETA?