Recorte sin reforma

Durante los últimos meses se han sucedido una serie de medidas, dentro de los planes de austeridad anunciados por el Gobierno, que afectan a la reducción de las Administraciones públicas. Fue, primero, una disminución en el número de directores generales, cuya cuantificación en términos de ahorro resultó irrelevante; el último Consejo de Ministros aprobó una disminución de secretarías de Estado, concretamente en los Ministerios de Exteriores y de Industria; y se viene anunciando un plan para reducir el número de subdirectores generales. En apariencia, el Gobierno está enfocando la reducción de cargos como un ejercicio de recorte del gasto público, es decir, como un apartado más del plan de austeridad que reclaman los inversores y acreedores financieros para mantener la solvencia del Estado.

Hay que decir que las reestructuraciones en la Administración son positivas si tienen como objetivo mejorarla, hacerla más ágil y acorde con los tiempos y las tecnologías disponibles; pero sus efectos económicos son normalmente modestos (apenas se han ahorrado hasta ahora 18 millones de euros) en comparación con medidas como la reducción o congelación de los sueldos públicos la oferta de empleo público o las pensiones. En el caso de los subdirectores generales, la escasa repercusión económica es todavía más evidente, porque normalmente se trata de funcionarios de niveles altos, de forma que la diferencia de retribuciones según desempeñen o no la función de subdirector general, es muy escasa. Por otro lado, suele ser este nivel de la Administración el que desempeña sus tareas más básicas y también más especializadas, asegurando la continuidad de su funcionamiento. La estabilidad es el principio que garantiza la neutralidad y el buen funcionamiento de la burocracia; por razones históricas, la estabilidad en la Administración española está depositada en los subdirectores generales (en otras, la estabilidad llega a las direcciones generales). Una reorganización selectiva de los subdirectores generales, con o sin reducción, dirigida a optimizar la estructura de la Administración, será positiva, pero si se trata de una reducción indiscriminada, orientada solo al ahorro, puede dañar a la función pública con efectos económicos inapreciables.

Por eso, el anuncio de la supresión de subdirecciones ha suscitado un malestar generalizado en la propia Administración, que teme que empeore el nivel de sus prestaciones. Choca que las medidas anunciadas no afecten a la multitud de asesores, cuya utilidad es menos clara y su supresión sí supondría un ahorro al no ser normalmente altos funcionarios. La tarea de optimizar la Administración es de la mayor importancia, pero lo que se requiere es un conjunto de medidas adaptadas a cada sector, ministerio o nivel. No siempre una disminución generalizada de funcionarios supone una mejora, sino que puede dañar a la función pública, un factor esencial en el buen funcionamiento del Estado de bienestar.