_
_
_
_
_
Columna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Reflexiones frías

Joaquín Estefanía

En mayo de 1992, los sindicatos convocaron la tercera huelga general contra los Gobiernos de Felipe González. Fue la tercera de las siete huelgas generales de la democracia, pero esta tenía una característica especial: duró solo ocho horas y no 24, como las demás, lo que resalta la debilidad de los convocantes. El motivo de la queja sindical fue la reducción de las prestaciones sociales (el tiempo del seguro de desempleo) y un proyecto de ley de huelga considerado muy restrictivo.

Cuando la protesta cesó, los sindicatos se pusieron inmediatamente a negociarlo con los grupos parlamentarios. Los interlocutores eran Nicolás Redondo y Antonio Gutiérrez. Después de muchos meses de reuniones se llegó a un consenso básico y el proyecto pasó el visto bueno del Congreso y del Senado; cuando solo faltaba el último trámite para la regulación del derecho de huelga, Felipe González disolvió el Parlamento, convocó elecciones generales anticipadas, y el proyecto decayó.

La dualidad fábricas cerradas-calles llenas de gente que se dio el 29-S es propia de sociedades de servicios, como esta

De esto hace 17 años. Entre los puntos que abordaba aquel proyecto fallido se contemplaba la regulación de los servicios mínimos en frío, para que ninguna de las partes pudiese abusar, como acaba de ocurrir con reiteración en la Comunidad de Madrid. Se regulaba también la actividad de los piquetes informativos, que son consustanciales al derecho de huelga según sentencia del Tribunal Constitucional. Incluso se abordaban las limitaciones en caso de servicos básicos concomitantes, por ejemplo en el transporte (no se podían hacer huelgas a la vez en trenes, autobuses y aviones), para no dejar indefenso al ciudadano.

No es, pues, cierto, como falsamente se ha repetido hasta la saciedad estos días, que en España no haya ley de huelga por la oposición de los sindicatos, que opinarían que la mejor ley es la que no existe para hacer de sus mangas capirotes. Y aunque el asunto no se halle ahora en la agenda política, algún día habrá que desempolvar aquel texto y sacarlo a la luz pública.

Como también habrán de revisar las centrales sindicales sus técnicas de movilización en sociedades de servicios y no en entornos industriales como los de antaño. La huelga del 29-S fue masiva en la industria e inexistente en los servicios, provocando esa dualidad tan evidente (calles llenas de gente ajena al conflicto y fábricas vacías). Cualquier expectativa de emular a la más célebre y masiva huelga general contemporánea ("paró hasta el aliento", dijo Felipe González), la del 14 de diciembre de 1988, es un sinsentido, pues la España de hoy tiene poco que ver con la de hace un cuarto de siglo.

Ese aggiornamiento de las técnicas de movilización era una necesidad muy evidente el pasado miércoles en Bruselas: mientras decenas de miles de trabajadores europeos se manifestaban en contra de la austeridad, la Comisión Europea aprobaba medidas para hacer más rígido el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_