Reforma de la reforma

El presidente del Gobierno anunció durante el debate sobre el estado de la nación su voluntad de remitir al Congreso el nuevo texto de la Ley de Extranjería. El Ejecutivo ha incorporado a la redacción original algunas de las observaciones planteadas por el Foro de los Inmigrantes, el Consejo Fiscal, la Comisión Laboral Tripartita, el Consejo Económico y Social o el Consejo General del Poder Judicial, entre otros. Conviene recordar que la reforma de la ley se planteó al comienzo de la legislatura como un endurecimiento de las condiciones exigidas a los trabajadores extranjeros, intentando responder a un irresponsable desafío electoralista lanzado desde el PP. Junto a la nueva normativa sobre extranjería, el Gobierno aprobó un plan de retorno voluntario cuyos resultados han quedado a insalvable distancia de las expectativas.

El Gobierno se ha mostrado receptivo a las críticas recibidas en materias tales como el plazo de retención, la ambigua redacción sobre las acciones solidarias con los extranjeros, la repatriación de menores, la reagrupación familiar, el trato a las inmigrantes víctimas de maltrato o la asistencia jurídica gratuita. Era, sin duda, preferible esta actitud a la contraria, pero el nuevo problema al que se enfrenta el Gobierno es ofrecer razones convincentes que justifiquen su insistencia en mantener la reforma una vez que ha aceptado la contrarreforma. Porque el discurso de que se pretende aumentar las garantías de los inmigrantes no se corresponde con el endurecimiento que, pese a todo, mantiene el texto. Y falta por saber, además, si resulta prudente colocar la inmigración en el primer plano del debate político cuando el propio Ministerio del Interior reconoce la drástica caída en los flujos de ilegales como consecuencia de la crisis, y cuando el vertiginoso incremento de los índices de paro aconseja sopesar la apertura de cualquier discusión que pueda derivar, se quiera o no, en la identificación de chivos expiatorios.

Las dificultades que ha encontrado el Gobierno para consumar su giro en la materia, iniciado con su inexplicable beligerancia para aprobar la Directiva del Retorno desmarcándose del grupo socialista europeo en Estrasburgo, no proceden sólo de la aritmética parlamentaria; procede también de que se trataba de una estrategia pensada para tiempos de bonanza, cuando el número de extranjeros que llegaban a un mercado laboral en expansión no dejaba de aumentar, tanto en la economía legal como en la sumergida.

La crisis ha transformado la naturaleza de los problemas, y tal vez fuera más prudente analizar los nuevos que mantener contra viento y marea unas soluciones que, además de discutibles, estaban pensadas para los antiguos. Si la inmigración fue siempre un problema de Estado, en estos momentos lo es más todavía. Y de ahí que, en lugar de seguir entrando al trapo electoralista que plantearon los populares, resulte inexcusable exigirles la responsabilidad que entonces no tuvieron.