Repsol, mejor el Estado que Lukoil

La posibilidad de que una empresa extranjera adquiera un paquete de acciones con peso decisivo para la gestión de Repsol es muy negativa para la industria española; pero si la empresa compradora fuera la rusa Lukoil se alcanzaría una cota rayana en el absurdo.

Repsol es uno de los éxitos más indiscutibles y más relevantes de los que ha generado la economía española a lo largo de muchas décadas. Lo es por su tamaño, ya que sirve un 60% del mercado español de hidrocarburos líquidos, el 80% del butano, y, además, controla a la importantísima Gas Natural, también dominante en su mercado. Y lo hace con una eficiencia que puede compararse perfectamente con la de sus homólogas europeas. Si Repsol pasase a ser controlada por una empresa extranjera, considerando que las otras empresas que tienen refinerías en España -Cepsa y BP- son filiales de gigantes foráneos, el fundamental sector del petró1eo quedaría no sólo sin un "campeón nacional", sino, incluso, sin empresas industriales españolas.

Una participación pública en la gran empresa española corregiría el error de la privatización total

Francia e Italia tienen presencia estatal en sus gigantes energéticos

Y esto sería así no por la ineficiencia de sus trabajadores y técnicos, o porque su balance y su cuenta de resultados sean insostenibles, sino por un grave problema de endeudamiento de su accionista principal -Sacyr Vallehermoso-, un hecho que por tanto es ajeno a la estructura de la propia Repsol. Para colmo, la compra por Lukoil de ese paquete de acciones de casi el 30% del capital se haría a un precio muy bajo -incluso si hubiera una prima del 100%- puesto que la valoración en Bolsa de Repsol y de muchas otras empresas españolas, excelentes en diversos campos -banca, inmobiliario, comercio-, está en mínimos por la coyuntura de crisis económica general por la que atravesamos.

Empresas como Repsol, Gas Natural, Endesa y la Compañía Logística de Hidrocarburos (CHL, SA) vienen del sector público español. Su privatización se hizo con cuidado a lo largo de años, efectuando ajustes de plantilla (en general, respetuosos de los derechos de los trabajadores) e invirtiendo cantidades considerables, que las convirtieron en entidades muy eficientes -compárense, por ejemplo, los ratios de Endesa y de la alemana E.ON-, capaces de competir en mercados extranjeros. En suma: su privatización fue una línea de política económica acertada y el dinamismo y el éxito empresarial así alcanzados han sido notables.

Pero hay que señalar, también, que España ha ido a la privatización de empresas con una ingenuidad excesiva respecto a las prácticas de sus vecinos de la Unión Europea (con la excepción del Reino Unido). En efecto, tanto Francia, en Electri-cité de France, e Italia, con Enel y con el ENI, han mantenido participaciones estatales determinantes, para orientar la gestión de sus grandes empresas del estratégico sector de la energía en el sentido de los intereses nacionales.

Jugar con las reglas de un liberalismo puro, como si el sector de la energía estuviese compuesto por pequeñas empresas en libre competencia, en vez de ser un oligopolio de gigantes operando en un mercado que explota recursos naturales limitados y que, desde su origen a principios del siglo XX, ha sido un factor clave geopolítico, es un juego de una candidez inusitada.

Entre los países que más utilizan sus fuentes de energía y sus empresas gigantescas para presionar y obtener ventajas políticas, tanto internas como en el campo internacional, campea y reina hoy, sin muchos rivales, la Rusia de Putin y de los oligarcas. Y entre los campeones gigantes rusos, estatales o privados, pero todos estrechamente ligados al poder político a través de ayudas mutuas, destaca Lukoil.

Aunque Lukoil suele presentar, cuando conviene, que su principal accionista, con un 20% de capital, es la norteamericana Conoco, eso no es cierto. El principal accionista de Lukoil es su presidente Alekperov, con el 20,4%, que, junto con el vicepresidente Fedun, que tiene el 9%, forman un grupo de control del 29,4%.

Es inverosímil creer que, si Lukoil tomase el 29,9% de Repsol, se podría mantener indefinidamente el actual tope del 10% para el derecho de voto que hoy rige en las juntas generales de Repsol, así como que los rusos, con ese decisivo paquete de acciones y con la presión que puede hacer un gran suministrador de crudo de petró1eo sobre el que se lo compra, iban a ser segundones respecto a la dirección española actual.

Para colmo del disparate, Lukoil, que tiene junto a su compatriota Rosneft la peor calificación financiera (BBB) de todas las grandes petroleras, pide que sean las entidades bancarias españolas las que le financien la compra de Repsol.

Este absurdo no debe consentirse por el Gobierno español. Es evidente que el Gobierno y los bancos deben contribuir a resolver el problema de endeudamiento Sacyr Vallehermoso, lo mismo que es racional -y así se está haciendo en Estados Unidos y en Europa- el que ayuden a las entidades financieras o industriales más importantes que, siendo viables y bien gestionadas, atraviesan un periodo muy duro debido a la crisis económica general, una de cuyas causas principales ha sido la errónea política de tipos de interés excesivamente bajos practicada por la Reserva Federal americana y, por arrastre, por el Banco Central Europeo entre los años 2003 y 2005.

Si no se encontrase una solución, que sería lo más sencillo, para el problema de la deuda de Sacyr -que se convierte en un problema sobre el control de la estratégica Repsol-, el Gobierno no debería mantenerse en la pasividad frente a un asunto de tal trascendencia, con la cantinela de que "es un asunto entre empresas privadas". No sería absurdo, en absoluto, que el Estado asuma la participación accionarial en Repsol que pretende Lukoil, comprando a un precio razonable.

A la vista de la presencia estatal en las empresas europeas del sector de la energía, la vuelta parcial del Estado a Repsol no sería una anomalía, sino que corregiría la ingenuidad en que se incurrió con su privatización total. Y, si dentro de tres o cinco años el Estado decidiera deshacer la compra, probablemente haría un buen negocio.

Tras el paso de Endesa a manos de Enel, si, además, se produjera ahora la toma de control de Repsol por Lukoil, ello pesaría muy negativamente en el juicio final sobre la política industrial y la política frente a la crisis actual de la etapa de Rodríguez Zapatero.

Miguel Boyer Salvador, ex ministro de Economía y Hacienda.