Respuesta acertada

El presidente del Gobierno anunció ayer dos medidas para recuperar la confianza financiera y facilitar la normalización del crédito en España. Por una parte, la garantía mínima de los depósitos en caso de quiebra se eleva a 100.000 euros, una decisión anunciada inmediatamente después de que el Ecofin subiese la cantidad mínima garantizada hasta los 50.000 euros; por otra, informó de la creación de un fondo especial de financiación, con un límite de 30.000 millones de euros, pero ampliable hasta 50.000, que, a diferencia del fondo estadounidense, operará con el respaldo de los activos de más calidad de las instituciones financieras. La respuesta del Gobierno, esta vez, ha tenido la contundencia debida; y su puesta en práctica ha sido acertada, ya que el vicepresidente anunció previamente que no se tomaría ninguna resolución sin conocerse el acuerdo del Ecofin, por impreciso que fuera.

La economía española necesitaba con urgencia un gesto de autoridad y de liderazgo, que comportara decisiones como las tomadas ayer, en particular la segunda. Ampliar la cantidad mínima garantizada en caso de quiebra bancaria tranquiliza a los depositantes, pero lo que importa es la condición previa, es decir, que la solvencia de los bancos y cajas quede fuera de toda duda. Así lo enfatizó ayer en el Congreso el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y no hay razones para cuestionar su afirmación. Pero un sistema financiero tan solvente y supervisado también puede perecer por ausencia de liquidez. La desconfianza dominante en el mercado europeo venía limitando el margen de maniobra de la banca española a las ventanillas de préstamos del BCE. La situación era insostenible y el Gobierno ha actuado con la diligencia debida, creando un fondo que los bancos y cajas habían solicitado meses atrás para cambiar por liquidez activos que eran buenos pero innegociables por falta de confianza. Como el resto de los países están tomando medidas todavía más intervencionistas, la deuda española no perderá su buen nivel de calificación en los mercados.

Lo más probable es que las medidas anunciadas ayer faciliten la vuelta de una cierta normalidad en el flujo del crédito, tranquilicen a los depositantes -el depósito medio en España está lejos de los 20.000 euros- y contribuyan a calmar las convulsiones bursátiles. Son los requisitos mínimos para afrontar un análisis más realista de la pésima evolución de la llamada "economía real" en España.

Rodríguez Zapatero y Solbes prolongan con sus propuestas algunas de las recomendaciones del Ecofin. De las disposiciones de los ministros de Finanzas cabe decir que apenas ofrecen una coordinación mínima en el ámbito de la garantía del ahorro -el mínimo de 50.000 euros citado- y dejan bastante que desear en lo que se refiere a política unificada contra la crisis bancaria. El Ecofin se limitó a dar por buena la intervención de los Gobiernos en los bancos quebrados, a levantar la obligación de que los activos se contabilicen a precios de mercado y a reclamar que las intervenciones, si las hay, sean coordinadas. Si alguna moraleja cabe deducir de esta crisis, es que Europa carece de resortes para actuar de forma concertada. La esperpéntica e inútil reunión del G-4 promovida por Francia es una prueba de esa impotencia institucional. El Ecofin y el BCE tienen que contar en el futuro con una mayor capacidad de acción.

La inquietud es extensible al sistema financiero global. Las crisis persistentes no han convencido al G-8 de que inste la reordenación de la arquitectura financiera mundial; todavía las resoluciones de las crisis se delegan en la coordinación de los bancos centrales, que es un procedimiento insuficiente. Lo acaba de demostrar, precisamente, la actual convulsión financiera.