Ruido eclesial

En un momento en el que el ruido político se hace estentóreo, la Iglesia católica parece que no quiere quedarse al margen. La Conferencia Episcopal ha difundido un documento muy duro titulado Por una cultura de la vida, en el que acusa al Gobierno socialista de fomentar la promiscuidad sexual y de crear leyes que no protegen la vida, y a algunos medios de comunicación de promover el aborto y la eutanasia. Los obispos tienen todo el derecho a expresarse públicamente, incluso si lo hacen en términos tan apocalípticos, pero no deberían olvidar que esas normas que censuran están vigentes desde hace más de dos décadas, no por el capricho arbitrario de una minoría despótica, sino después de ser debatidas y aprobadas democráticamente por el Parlamento.

El pronunciamiento encaja con la reciente exhortación del papa Benedicto XVI a la lucha ideológica por parte de los príncipes de la Iglesia (Sacramentum Caritatis) y con el pronunciamiento del propio pontífice con motivo del 50 aniversario de la UE, a la que ha acusado de "apostatar de sí misma" por las resistencias a incluir una referencia a las raíces cristianas europeas en el preámbulo del Tratado Constitucional.

El beligerante documento de los obispos españoles demuestra que la Iglesia se propone dar una proyección temporal, política, a su insistencia en exigir el reconocimiento del papel fundacional del cristianismo en la identidad europea. Su exigencia al Gobierno y al Parlamento de que den marcha atrás en la aplicación de derechos sociales legales plenamente consolidados y aceptados por la mayoría de la sociedad española pasa por encima del carácter aconfesional del Estado constitucional español. Del mismo modo que la Conferencia Episcopal ha reclamado el derecho a participar en la vida política, ha de aceptar que no puede invocar una intrínseca superioridad moral para erigirse en juez sobre cuestiones que responden a la exclusiva ética del individuo y que están reguladas por el conjunto de la sociedad.