Rumanos en Italia

Los primeros ministros de Italia y Rumania han acordado un puñado de medidas para enfriar la crisis abierta tras el asesinato de una mujer en Roma a manos de un rumano. La repercusión social y emocional del hecho ha llevado al Gobierno de Prodi a aprobar por vía de urgencia un decreto ley que concede poderes discrecionales a la policía y aplica a los ciudadanos comunitarios los mismos supuestos que hasta ahora permitían expulsar a los extracomunitarios. El texto, que invoca motivos de seguridad o incompatibilidad con la convivencia, parece hecho a medida de los gitanos procedentes de Rumania, en los que se focaliza una crisis que Bucarest considera a un paso de alentar el racismo en el seno de la propia UE.

El proyecto de expulsión, que ha iniciado su tramitación parlamentaria, no sólo afronta críticas de constitucionalistas que consideran que puede violar la ley fundamental. Divide también al propio Ejecutivo. El alcalde de Roma, Walter Veltroni, que como sucesor designado a la jefatura del centro-izquierda necesita mostrar su rostro más enérgico, añade leña al fuego al señalar que son rumanos -más de medio millón, el mayor grupo inmigrante en Italia- el 75% de los detenidos por delitos serios este año. Los argumentos de Veltroni, que juega sus cartas electorales en la convicción de que el débil Gobierno puede caer en cualquier momento, son a su vez una bendición para la derecha, que inmediatamente ha asumido un debate que la beneficia. Si Berlusconi afirma que impondría una moratoria a la entrada de rumanos, su aliado Gianfranco Fini propugna expulsiones masivas. El líder posfascista quiere que se ponga en la frontera a 20.000, y no sólo a delincuentes.

Los estados emocionales cargados suelen ser malos consejeros en política. Prodi, que descarta las expulsiones en masa, por lo demás incompatibles con la legislación de la UE, se ha excedido en un terreno delicado y potencialmente explosivo. Italia, por doloroso que le resulte el asesinato de Giovanna Reggiani, no puede criminalizar a un colectivo por los delitos, aunque sean abyectos, de algunos de sus miembros. Son la policía y los jueces quienes deben lidiar con los maleantes, sean gitanos rumanos o italianos. Cualquier otra aproximación es políticamente oportunista e intrínsecamente indecente.