Rumbo a las elecciones

El Consejo de Ministros aprobó ayer la disolución de las cámaras y la convocatoria de elecciones generales para el próximo 9 de marzo. Concluye así la VIII legislatura, trágicamente marcada por los atentados del 11-M y una de las más ásperas que se han vivido en España.

Durante cuatro años, el Partido Popular ha llevado el enfrentamiento con el Ejecutivo a todos los terrenos, unas veces de manera directa y otras a través de instancias interpuestas, como algunas asociaciones de víctimas del terrorismo o el sector más integrista del episcopado español. La matanza de Atocha también fue materia de oposición cuando el PP se sumó al intento de deslegitimar la instrucción del sumario judicial a partir del culebrón propagado por la prensa sensacionalista. La estrategia del Gobierno frente a este modo reprobable de hacer política ha sido, en ocasiones, la de dar cancha a la polarización, confiando en que la radicalización del PP le reportaría réditos electorales. Al final, la crispación no ha beneficiado a nadie, pero ha deteriorado las instituciones.

Durante la legislatura que termina, Zapatero llevó adelante dos iniciativas que han agudizado la difícil relación entre Gobierno y oposición: el proceso para alcanzar el final dialogado del terrorismo y la revisión de los Estatutos de Autonomía. En la primera, el propio Zapatero declaró haber pecado de optimismo, tanto en la posibilidad de llegar a un acuerdo con el PP, que desbordó los límites de la crítica legítima en esta materia, como en la evaluación de las verdaderas intenciones de la banda. En la rueda de prensa en la que anunció la disolución de las cámaras, Zapatero reconoció, además, algo que negó reiteradamente en su día: el Gobierno mantuvo el proceso abierto después del atentado de la T-4.

Los tortuosos avatares del Estatuto de Cataluña, pendiente del fallo del Constitucional, han dejado en segundo plano el hecho de que otros cinco estatutos han sido aprobados durante esta legislatura. Se trata de la mayor reforma autonómica llevada a cabo hasta la fecha, cuyos efectos positivos o negativos se dejarán notar en los próximos años. El PP ha actuado con incongruencia al recurrir aspectos del Estatuto catalán que ha aceptado en los textos de otras comunidades.

Zapatero ha agotado la legislatura pese a que, dentro de su partido, existían voces que preferían un adelanto electoral. Es bueno que los Gobiernos consuman el periodo de cuatro años, renunciando a acortarlo en virtud de estrictos cálculos de partido. Pero tampoco se debería considerar anómalo que un presidente recurra justificadamente a sus atribuciones constitucionales. La decisión de agotar la legislatura ha tenido, con todo, una consecuencia inesperada: la economía ha entrado en campaña. Los socialistas tratarán de concentrarse en el balance y los populares en los pronósticos. Pero unos y otros tendrán que exponer sus proyectos ante los ciudadanos.