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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Rumbo al fracaso

El Ministerio de Vivienda, creado por el Gobierno de Zapatero en 2004, propuso como objetivo la desaceleración del precio de las casas, con el fin de evitar los graves riesgos económicos y financieros de una burbuja inmobiliaria, y aumentar el mercado de pisos en alquiler, que en España presenta tintes famélicos. La estrategia era correcta, porque el crecimiento del alquiler era necesario para ofrecer opciones a quienes no pueden pagarse un piso en propiedad, que no son pocos, debido al encarecimiento desaforado del precio del metro cuadrado desde 1995. A trancas y barrancas, la desaceleración de los precios se está consumando, no sin que proliferen los temores sobre un hipotético hundimiento del mercado inmobiliario. Pero lo que sí está claro es que la política de alquileres sigue un rumbo orientado al fracaso. En 2006 sólo el 11,25% de las familias vivía en régimen de alquiler, menos incluso que el 11,4% registrado en 2001. En Europa, la media es del 38% y en países como Alemania supera el 50%.

Hay quien quita importancia al retroceso; por ejemplo, la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, que insiste en que desde 2004 se han firmado 420.000 contratos de arrendamiento, aunque, por lo que se ve, son insuficientes para elevar el porcentaje general de inquilinos. Otros lo atribuyen a ese rasgo cultural tan español que es el de sentirse propietarios. Se da la circunstancia además de que la vivienda se ha convertido en un activo financiero más, por lo que la demanda de propiedad sigue siendo superior a la que debería tener en razón del precio. Pero lo cierto es que ni la idiosincrasia ni el apetito inversor explican el raquitismo del alquiler, porque sigue creciendo la demanda potencial.

El diagnóstico más plausible es que, por una parte, la oferta de pisos en alquiler sigue siendo baja, debido a que los propietarios continúan considerando que alquilar es una decisión arriesgada, poco protegida jurídicamente y fuente inagotable de sinsabores. Si aumenta la seguridad jurídica y funcionan de verdad los juicios rápidos, aumentará la oferta de alquileres. Por otra parte, se da otra razón: el precio relativo se percibe como desfavorable para el alquiler. Los españoles consideran que casi por el mismo precio que alquilan pueden sufragar una hipoteca. Esta percepción puede variar sustancialmente en 2008, cuando se vayan acumulando las subidas de los intereses de los préstamos.

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