Sanciones judiciales
La convocatoria de huelga encubierta, que ha comenzado a circular entre los jueces, para solidarizarse con el paro convocado por los secretarios judiciales persigue dos objetivos: apoyo a los responsables del desaguisado del caso Mari Luz y rechazo de las opiniones de algunos miembros del Gobierno expresando sus deseos de que se endurezca la sanción al juez Tirado.
La mitad de los jueces asociados son conservadores; la otra mitad, centristas y progresistas. En los no asociados predominan también los primeros. La justicia española necesita una profunda reforma para que no la conozca ni la madre que la parió, pero hasta entonces, los responsables de los errores y anomalías en los juzgados siguen siendo sus titulares y sus secretarios. Queda patente el corporativismo de este sector profesional, que ni siquiera admite opiniones o deseos de otros poderes del Estado, que no son instrucciones ni recomendaciones a quien sanciona, el Consejo del Poder Judicial.
Sin embargo, ellos bien exoneran a jueces que insultan a otros poderes del Estado, como la juez exculpada de Denia. Parece que además de acatar las sentencias judiciales, ahora quieren que acatemos también sus desaciertos y exabruptos sin rechistar. Lo dicho: hay que dar a luz otra justicia.
