Sansón en el Tribunal

La recusación de otros tres magistrados del Tribunal Constitucional, anunciada ayer por el PP en respuesta a la previa de otros dos por el Gobierno, no tiene otro objetivo que el de Sansón en el templo lleno de filisteos: derribarlo si no puede controlarlo; o mejor dicho: derribarlo para intentar recobrar el control.

La recusación personal es un procedimiento extremo, excepcional, a manejar con mucha prudencia. Partiendo de la de Pérez Tremps, ya muy discutible, y con evidente motivación política, se ha ido produciendo una banalización creciente de ese recurso, hasta llegar al absurdo de la de estos tres magistrados, sin otro fundamento que una supuesta opinión verbal favorable a la reforma de la ley del TC en una reunión -no en pleno- de algunos magistrados con la presidenta.

La recusación de esos tres magistrados, si es admitida a trámite, dejaría al Tribunal por debajo del quórum mínimo, que es de ocho miembros. Es decir, quedaría paralizado, inutilizado, para resolver su propio recurso contra la prórroga del mandato de la presidenta y del vicepresidente hasta cesar como magistrados. Pero es posible que el PP haya calculado mal las consecuencias de este último movimiento. El estudio simultáneo de las cinco recusaciones es un imposible lógico, ya que al tener que ausentarse de la votación que les afecta sólo quedarían cinco, es decir, por debajo del quórum.

Lo lógico sería que se vieran primero las dos recusaciones presentadas por el Gobierno y que fuera ese tribunal de ocho miembros el que estudiara si aceptar o no las tres posteriores, que tendrían escasísimas posibilidades de prosperar, en este caso no sólo por la relación de fuerzas sino por falta de fundamento, dada la artificiosidad del motivo alegado. Así, la situación creada podría acabar favoreciendo al Gobierno como propulsor de la reforma de la ley del TC.

Desmontar la maniobra del PP, que lleva tres años intentando potenciar el papel político de los magistrados, sería bueno en sí mismo, pero no evitaría el desprestigio que están acumulando el Tribunal y el sistema judicial en su conjunto. Porque es todo el entramado institucional el que puede resquebrajarse. Si el TC está en riesgo, el Consejo del Poder Judicial está moribundo, al menos hasta que al PP le interese reanimarlo.

El Gobierno y el PSOE, de un lado, y el PP, de otro, deben parar en seco esta rueda de insensateces; tal vez el bloqueo que parece estar a punto de producirse obligue a unos y otros a buscar una salida, como regresar al punto de partida: a la retirada o reconsideración de todas las recusaciones y la vuelta a la normalidad de un tribunal integrado por sus 12 magistrados; y que entre todos acuerden no dilatar más la resolución de los importantes recursos que tienen entre manos, empezando por la reforma del propio Tribunal, con independencia de que convenga a unos o a otros: y, claro está, con criterios exclusivamente jurídicos.