Secuestro inútil
A instancias del ministerio fiscal, el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo ordenó ayer el secuestro cautelar de la revista satírica El Jueves por un supuesto delito de injurias a la Corona. El número secuestrado publica una viñeta con el dibujo de una caricatura de los príncipes de Asturias en la que se les representa en trance de mantener relaciones sexuales a cuenta de los supuestos beneficios derivados de la reciente decisión del Gobierno de entregar 2.500 euros a los padres de cada recién nacido en España. El principal objetivo de la viñeta era ironizar sobre la medida natalista del Gobierno, pero hacerlo mediante las figuras del príncipe heredero don Felipe y de su esposa doña Letizia ha sido considerado por el ministerio fiscal "claramente denigrante, objetivamente infamante y posiblemente delictivo".
En un sistema democrático como el español, el secuestro de publicaciones es una decisión reservada a los jueces que sólo debe adoptarse cuando hay constancia de que se han vulnerado derechos fundamentales que no pueden repararse por otro medio. De ahí su carácter excepcional, pues lo contrario sería poner en entredicho el ejercicio de derechos -los de libertad de expresión e información- que el Tribunal Constitucional considera prevalentes y fundamento del régimen de opinión pública que son las democracias modernas. Es lógico, pues, que se cuenten con los dedos de la mano los secuestros judiciales de publicaciones en la actual democracia española y que haya que retroceder a sus años iniciales, cuando el poder judicial tenía fuertes resabios de autoritarismo franquista, para encontrar los casos más numerosos.
La representación que hace la revista El Jueves de los príncipes de Asturias es zafia y grosera, pero es difícil admitir que tenga la intencionalidad injuriosa que el artículo 490 del Código Penal atribuye al delito de injurias cometido contra el Príncipe heredero de la Corona "en el ejercicio de su función o con motivo u ocasión de éstas". No es aventurado prever que, una vez pasada la conmoción del momento, el ministerio fiscal y el juez reconsiderarán su decisión y levantarán el secuestro. Hoy día no es sostenible que la utilización satírica de personajes reales, como de otros públicos representantes de altas instituciones, deba caer bajo la férula del Código Penal. Cosa distinta es criticarla, rechazarla y denunciarla cuando cae en el mal gusto, la exageración o la inconveniencia, como sucede en este caso.
El secuestro de publicaciones en la época de Internet y de las nuevas tecnologías es, además, perfectamente inútil y contraproducente para los fines que pretende: amparar supuestos derechos vulnerados. ¿Cómo impedir la cascada de reproducciones de la viñeta secuestrada en papel en los incontrolados y variados soportes informáticos hoy existentes? La decisión judicial contribuye a lo contrario de lo que dice pretender: da publicidad y facilita la circulación de la caricatura. Sienta un precedente pésimo e inútil. Lo mejor es que quede sin efecto.
