Señales de alarma

Resulta inevitable que entre las medidas tomadas por el Gobierno de Mariano Rajoy para el necesario saneamiento de las cuentas públicas destaquen algunas que, precisamente por no llevar asociadas cifras de ahorro determinantes, dan pábulo a quienes temen que a socapa de los necesarios recortes se cuelen retrocesos en derechos sociales y, en algunos casos, una agenda política que nada tiene que ver con la austeridad y sí bastante con la ideología.

Rajoy prometió en la campaña electoral defender los niveles de protección social alcanzados en España, por lo que debería ahora al menos prestar atención a algunas de estas iniciativas que han surgido, sobre todo, en las comunidades autónomas en las que gobierna el PP. La tasa de 10 euros establecida en Baleares y Galicia para la expedición de la tarjeta sanitaria es una de ellas. Esta iniciativa se suma al recorte sanitario que están aplicando muchos Gobiernos regionales y que en Baleares se ha completado con la decisión de exigir el pago previo del coste del aborto a las mujeres que se sometan a tal intervención, una medida que contraviene la legislación vigente, según todos los expertos.

Ante tamaña ilegalidad, el Ministerio de Sanidad guarda un silencio solamente comprensible desde la complicidad y la abdicación de su obligación de hacer cumplir las leyes: queda abierto entonces el camino para que cualquier otra comunidad decida mañana, por el mismo método, suprimir cualquier otra prestación sanitaria a la que los ciudadanos tengan derecho por ley con la excusa del ahorro necesario.

En Castilla-La Mancha, la presidenta y secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, ha cancelado los convenios con las casas de acogida a maltratadas y centros de orientación a la mujer. Inmediatamente después, tras decenas de despidos, la gestión del servicio ha salido a concurso para abaratar costes y "eliminar la carga política".

Especialmente dramáticas son las consecuencias de la moratoria de un año en la Ley de Dependencia. Unos 150.000 dependientes moderados que necesitan, sin embargo, atenciones especiales no tendrán derecho a la prestación. Que el Gobierno central viniera soportando el 70% del coste de la ley en Canarias, Valencia, Madrid y Galicia presagia lo peor para las familias afectadas.

Las dificultades financieras de las Administraciones públicas obligan hoy a acometer recortes impopulares, pero hay líneas rojas que no debieran traspasarse. Las medidas mencionadas comportan ahorros mínimos y denotan, sin embargo, una cierta insensibilidad social que el PP no debería dejar que se instalase, puesto que el sacrificio que se va a exigir a los españoles en los próximos años va a ser tan enorme. Son, además, incompatibles con la afirmación de la vicepresidenta de que "protegen a los más débiles" y se basan en "la justicia y la equidad".