Serenidad, Erdogan
Turquía afronta un doble desafío ante el que debe serenarse: el reconocimiento del genocidio armenio por la Comisión de Exteriores de la Cámara de Representantes de EE UU y el de ataques armados kurdos en la frontera con Irak. No son cuestiones separadas, y la Administración de Bush lo ha reconocido al intentar parar a los legisladores, pues Turquía es un aliado clave para la guerra de Afganistán y la lucha contra el terrorismo yihadista.
La cuestión armenia debilita la capacidad norteamericana, y no digamos la de la UE, a la hora de frenar una operación militar turca en el Kurdistán iraquí que puede complicar aún más la situación del país árabe. El primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, pedirá la próxima semana al Parlamento turco que autorice durante un año la persecución en Irak del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), considerado como un grupo terrorista por Ankara. Tras el asesinato de 30 turcos por el PKK en los últimos 10 días, se ha llegado a una situación sin precedentes que fácilmente puede desembocar en una escalada, en la que Erdogan se ve empujado por la opinión pública y por la presión de los militares opuestos a su partido de raíces islámicas, especialmente tras haber situado por primera vez a uno de los suyos al frente de la República de Atatürk. De hecho, los militares pidieron intervenir en el Kurdistán iraquí antes del verano, al tiempo que se pronunciaron contra el primer intento de elegir a Abdulá Gül como jefe del Estado.
Las intenciones turcas no son claras. Estos días, además de concentrar fuerzas importantes en la frontera, el Ejército turco ha estado bombardeando supuestas posiciones del PKK en Irak. Intenta, quizá, establecer un colchón en Irak para evitar ataques del PKK, como hizo en 1992 y en posteriores ocasiones. Pero la tentación de invadir es grande, pues le permitiría estar sobre el terreno ante la eventualidad de que Irak se desmiembre y surja un Estado kurdo independiente.
Turquía tiene aún cuentas que resolver con su pasado. Negarse a reconocer que los turcos fueron responsables de la matanza de 1,5 millones de armenios entre 1915 y 1923 resulta preocupante. La citada Comisión de Exteriores -en una decisión que puede pasar al pleno de la Cámara- se ha limitado a calificarlo como un genocidio. No ha pedido -como hizo Francia en 2006 en una polémica ley que contempla penas de hasta un año de cárcel- que se criminalice a quienes nieguen su existencia, algo que a estas alturas sólo corresponde definir a los historiadores y no legisladores o jueces.
