Sorber y soplar
Sería penoso llegar a la solemne apertura del año judicial por parte del Rey, el 17 de septiembre, con un Consejo del Poder Judicial en funciones. Lo está desde hace más de nueve meses, y de ahí la presión de todos los demás grupos sobre el Partido Popular para que deje de bloquear la renovación del órgano de gobierno de los jueces. La Constitución y las leyes establecen mandatos de cinco años para los miembros de ese órgano y procedimientos de renovación parciales a lo largo del tiempo, de forma que su composición no tenga por qué ser en todo momento un reflejo de la relación de fuerzas en el Parlamento. Pero una cosa es que no coincidan y otra tratar de perpetuar (en funciones) una determinada relación de fuerzas en el Consejo. Es lo que está haciendo el PP: dar largas a la renovación (sabiendo que sin su concurso es inalcanzable la mayoría de tres quintos exigida), con el fin de prolongar el mandato de un Consejo elegido cuando tenía mayoría absoluta.
Es un claro fraude de ley, pero sobre todo es una deslealtad con el sistema: se antepone un interés partidista, y hasta clientelar, al prestigio de una institución de la que dependen funciones tan importantes para la buena marcha de la justicia como los nombramientos, ascensos y régimen disciplinario de los jueces, además de la inspección de los tribunales. Cuando los dirigentes del PP acusan a los socialistas de tratar de aislarles políticamente, deberían recordar su propio sectarismo en este terreno, que ni siquiera se sienten obligados a justificar: se limitan a ignorar cualquier propuesta de acuerdo. Por ejemplo, la imperfecta pero realista oferta planteada en abril por los socialistas, aquella que, según el ministro Fernández Bermejo, el PP no podría rechazar, y que se basaba en limitar a 8 (sobre un total de 20) el número de vocales nombrados a propuesta de cada uno de los dos grandes partidos. De esta forma, ninguno de ellos tendría por sí solo la mayoría, y ni siquiera una minoría de bloqueo, para aquellas decisiones, como el nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo, que requieran una mayoría reforzada.
La falta de acuerdo afecta también a la renovación del Tribunal Constitucional en un momento en que está pendiente su pronunciamiento sobre los recursos de inconstitucionalidad contra el Estatuto catalán, uno de ellos presentado por el propio PP. Aquí el embrollo ha alcanzado un bizantinismo insuperable. Un recurso del PP sobre la reforma de la Ley del Tribunal Constitucional está retrasando (en favor del PP) la renovación parcial de su composición. Pero ese retraso aleja a su vez el pronunciamiento sobre el Estatuto, cuando es el propio PP quien lleva meses acusando al Gobierno de intentar aplazar tal cuestión hasta después de las elecciones. El PP intenta sorber y soplar al mismo tiempo.
