Sostiene Zapatero

De poco vale reconocer que los propósitos contenidos en el proyecto de Ley de Economía Sostenible son loables si no sirven para frenar el principal desequilibrio de la economía española: un desempleo que dobla la media de los países de la UE. En las circunstancias actuales -elevado endeudamiento de las familias y deterioro acelerado de la calidad de los activos bancarios-, la persistencia de ese desequilibrio tendrá peores consecuencias que las originadas en los años de la Transición, cuando se impuso la reconversión de gran parte del aparato productivo.

Tiene razón Zapatero al decir que no hay creación de empleo sin crecimiento económico, pero ello no es incompatible con el despliegue de políticas específicamente destinadas a limitar la pérdida de puestos o favorecer su recuperación, como ocurre en otros países. Hay seguramente posibilidades de actuar en ese terreno, como la aplicación en algunos sectores de la iniciativa, ensayada en Alemania, de subvencionar a las empresas que acepten sustituir despidos por trabajo en jornada reducida. Siempre será menos costosa esa subvención que la del paro.

Zapatero reiteró sus reproches al PP por no proponer nada concreto en este terreno, pero él mismo fue poco preciso ante un Rajoy incisivo y más acertado que en otras ocasiones. Sí fue contundente el presidente al descartar cualquier forma de abaratamiento del despido. Puede que ambas cosas estén relacionadas porque la concertación social es esencial en la política de Zapatero, que a nada teme tanto como a perder el apoyo sindical, como le pasó a Felipe González a fines de los ochenta.

No hay concertación social posible si se excluye de entrada cualquier reforma laboral, que no significa necesariamente el despido libre o su abaratamiento. Pero tampoco hay generación de empleo suficiente para absorber el paro inherente al cambio de modelo productivo sin la complicidad de los sindicatos avalando tales reformas. Tras la crisis de comienzos de los noventa, Francia consiguió acortar la distancia temporal entre el inicio de la recuperación económica y la creación de empleo gracias a las reformas laborales previas.

El cambio de patrón de crecimiento depende de los agentes económicos, no de una ley. Lo que desde la política puede hacerse es favorecer la confianza con medidas de estímulo y acompañamiento de las iniciativas empresariales. Y con reformas del marco normativo, como la anunciada de la Ley de Cajas que contribuya al saneamiento de un sector esencial para la recuperación del crédito. Nada tan inútil como el intercambio de reproches sobre quién, si el PSOE o el PP, es más culpable de la burbuja inmobiliaria. Por el contrario, tampoco hay nada más útil para esa recuperación de la confianza en la economía española que la señal lanzada ayer por los grupos políticos en el Senado, al pactar una serie de medidas para reducir el gasto administrativo, a fin de contener el déficit sin merma de las medidas de estímulo fiscal y de fomento del empleo.