Subidas por goteo

Desde el 1 de julio, la luz cuesta el 2% más como media, una subida que hay que sumar a la del 3,5% aplicada en enero de este año. Con esta decisión, el Gobierno se declara practicante de una subida de tarifas por goteo, en pequeñas cantidades cada semestre, obligado por la descarnada realidad de un déficit de tarifa -diferencia entre los ingresos obtenidos con la tarifa y lo que cuesta producir la electricidad- que acumula más de 16.000 millones de euros y cuyo aumento puede frenarse con subidas de precios que reconozcan los costes de producción actuales o históricos.

La cuestión es si una subida de estas características contribuirá a cumplir los objetivos buscados por el Gobierno: reducir el déficit de tarifa y abrir un margen en los precios para que pueda operar la competencia entre comercializadoras. En ambos casos, la respuesta es no. La subida es demasiado tímida para obrar tales efectos. Es más, puede suceder que, aunque los consumidores paguen más por el recibo de la luz, el déficit tarifario aumente, en razón de que la demanda de consumo eléctrico está hundida. Lo más probable es que los ingresos sean insuficientes para evitar nuevas subidas del déficit este año.

Las decisiones sobre la tarifa eléctrica arrastran el peso muerto de una política energética mal definida y peor enfocada. Basta mencionar dos defectos básicos de esa política: no se reconocen los costes de producción de la electricidad, ignorados desde 1998 por la pésima gestión de los Gobiernos del PP, que los gobiernos socialistas posteriores a 2004 no corrigieron; y se olvida que la tarifa eléctrica es un buen instrumento para promover el ahorro energético, pero es una pésima herramienta de ayuda social. Estos errores llevan inevitablemente a la escuálida liberalización del mercado, vigente también desde ayer, y al llamado bono social.

Aunque el Gobierno hable de liberalización eléctrica, no hay tal. Lo más seguro es que durante el próximo trienio las comercializadoras dependientes de las grandes compañías mantendrán intactas sus cuotas de mercado; incluso es posible que las aumenten gracias a los consumidores arrancados por ley a las pequeñas comercializadoras. El grueso de los usuarios, unos 24 millones, pagarán según la tarifa actual. Y en cuanto al bono social, equivale por el momento a algo menos de un euro al mes. Difícilmente compensa el coste de solicitarlo. El balance no puede ser peor: ni liberalización ni ayuda social efectiva.